Las diputaciones vascas mostraron ayer su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno central reparta a los inmigrantes menores de edad acogidos en Canarias entre otras comunidades, una decisión que se estudiará en la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración previsto en septiembre, tal y como indicó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. Las tres gobiernos forales, que son los que tienen competencias en materia de menores, han advertido varias veces de que sus centros están saturados, aunque reconocen que no han recibido ninguna notificación oficial de los gobiernos vasco o central para tratar este asunto.

La portavoz de Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, reiteró ayer que Euskadi acogerá inmigrantes subsaharianos en cuanto se rubrique el protocolo de acogida. En ese contexto, reconoció que, como el Gobierno vasco y las diputaciones comparten competencias, deberán ponerse de acuerdo antes de que se ratifique el acuerdo con el Ejecutivo central.

«Lo relacionado con los menores de edad depende de las instituciones forales, y por eso hay que encontrar un entramado interinstitucional en el que se vayan a consensuar las acciones que haya que acometer y los acuerdos a los que haya que llegar con el Gobierno de Zapatero», indicó Azkarate.

Las instituciones forales han alertado hace tiempo sobre el creciente número de menores inmigrantes que han llegado a saturar los centros y los recursos sociales existentes en los territorios históricos. «En Vizcaya llevamos ya cinco o seis años con los centros saturados y no ha venido nadie de fuera a ayudarnos», indicaron desde el Departamento de Acción Social de la Diputación vizcaína. Asimismo, insistieron en que, pese a aumentar los presupuestos y los recursos, «cada año crece la demanda». También incidieron en las dificultades que entraña abrir nuevos centros de acogida por el rechazo social de los núcleos poblacionales donde se pretende abrir.

Cautela

Tanto la Diputación de Álava como la de Guipúzcoa mostraron, por su parte, cautela a la espera de que el Gobierno central exponga su planteamiento sobre la posible distribución territorial de los menores.

En el caso de Guipúzcoa, la institución foral dispone de dos centros de acogida a menores inmigrantes no acompañados, uno en Urnieta y otro en Tolosa, éste último para los que deciden continuar el proceso de inserción mediante programas educativos. En total, la Diputación guipuzcoana cuenta con 25 plazas de acogimiento de urgencia que, en caso de que necesidad, se complementa con las pensiones. «A veces se producen picos y, por ejemplo, la Ertzaintza trae a cinco menores a los que, por ley debes acoger, tengas o no plazas», señala un portavoz del Departamento de Inserción Social de la Diputación de Guipúzcoa.

Estos recursos sociales se incrementarán el próximo año con un nuevo centro de acogida urgente para menores de 12 a 18 años que dispondrá de 12 plazas y estará ubicado en el complejo de Uba.

En el informe que hace un año presentó en el Parlamento vasco el Ararteko sobre la situación de los menores no acompañados en Euskadi, Iñigo Lamarca no sólo alertó sobre el creciente fenómeno, sino también sobre la falta de coordinación institucional, los escasos recursos con centros de acogida desbordados, la escolarización, las limitaciones para emanciparse al cumplir los 18 años de edad o la insuficiente prestación sanitaria en temas como las drogas o las enfermedades mentales. Según se desprende de dicho informe, entre 1996 y 2004, el País Vasco acogió a 2.118 menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos procedente de Marruecos.