Roberto Marro cree que las discusiones del Gobierno central y las autonomías sobre cómo distribuir por la Península a los subsaharianos que llegan al archipiélago canario – más de 18.000 este año – no pueden eludir dos cuestiones de fondo: «Una es la crisis de desarrollo de África y la otra, la Ley de Extranjería, que deja pocas posibilidades para la residencia legal». Sin embargo, la avalancha de cayucos y el envío de patrulleras a las costas de Mauritania y Senegal eclipsan otras noticias pesimistas sobre la inmigración ilegal. Recientemente, veinte jóvenes murieron en Guinea Conackry al disolver las autoridades una manifestación de estudiantes que reclamaban poder comprar cada mes un saco de arroz subvencionado, un privilegio que sólo tienen los funcionarios. El Gobierno ha anulado a los universitarios el curso completo. De Guinea Conackry, un país donde los profesores ganan 30 euros mensuales, procede parte de los inmigrantes entre los que el Gobierno vasco escogerá un contingente el mes próximo.

– ¿Es previsible que Euskadi reciba, periódicamente, a grupos de africanos ‘sin papeles’?

– El flujo actual de cayucos se estabilizará o quizá disminuirá, pero estas situaciones se repetirán en el futuro. De todas formas, no deberíamos crear alarma con expresiones como ‘crisis migratoria’. Los jóvenes de las pateras representan el 3% de los inmigrantes en situación irregular. La mayoría entra por Barajas. Cuando expira el visado, se convierten en irregulares.

– ¿Cuántos inmigrantes vendrán a Euskadi desde Canarias?

– No me atrevo a dar un número, porque lo estamos discutiendo. Vamos a ayudar, pero nunca desbordaremos nuestras posibilidades. La solidaridad del pueblo vasco es infinita, pero su capacidad es limitada.

Plan de integración

– ¿Quién pagará la atención de los ‘sin papeles’?

– El Gobierno central entregará 1,6 millones de euros, pero ese dinero también servirá para reforzar el trabajo de nuestra red de acogida de inmigrantes. Quiero dejar claro que esto no es una medida coyuntural ni una iniciativa del Gobierno vasco. Se inscribe en un plan de integración social que discutimos con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde hace meses. Lo presentamos hace más de un mes. Uno de los capítulos era el acogimiento de los extranjeros que se encuentran en Canarias en situación de vulnerabilidad.

– ¿Aceptaría el Gobierno vasco a un contingente subsaharianos si la Policía los abandonara con un bocadillo en Bilbao, Vitoria o San Sebastián, como ha ocurrido en Barcelona?

– Estamos elaborando un protocolo con la Secretaría de Estado para la Inmigración para evitar esas disfunciones. Todavía quedan algunos flecos por resolver.

– ¿Se traerán menores al País Vasco?

– Ahora sólo estamos hablando de adultos. Cuando se plantee esa cuestión, hablarán las diputaciones. Ellas tienen la competencia de los menores. Pero estamos dispuestos a prestarles nuestra colaboración.

– El Gobierno socialista envió una delegación a Senegal para negociar la repatriación de subsaharianos. Al final, se quedarán.

– Hay que reflexionar un poco. La realidad es que las órdenes de expulsión no se pueden ejecutar. Lo reconocen hasta los jueces del Tribunal Superior del País Vasco. Sólo se cumple un número poco significativo. Mientras tanto, los inmigrantes quieren trabajar, aunque sea en la economía sumergida. Si la Ley de Extranjería se interpretara de forma flexible, la irregularidad de esas personas no duraría tanto y podrían incorporarse legalmente al mercado laboral.

– ¿Hay empleo para todos?

– Varios informes independientes aseguran que el mercado de trabajo es capaz de absorber un volumen de 8.000 ó 10.000 inmigrantes.

– Usted sostiene que lo único realista es integrarlos.

– No veríamos esas imágenes de gente durmiendo en la calle o cobijándose debajo de un puente.

– ¿Cómo contempla la sociedad vasca a los inmigrantes?

– En el día a día estamos demostrando que no somos un país receptor, sino de acogida.