Dos navieras se niegan a trasladar a 132 inmigrantes por temor a que contagien la tuberculosis El presidente del Gobierno canario, Adán Martín (Coalición Canaria), calificó ayer de «alerta roja» la situación provocada por el fenómeno de la inmigración irregular. Tras reunirse con el gabinete de crisis del Ejecutivo regional que aborda este asunto, Martín lanzó un aviso al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al sentenciar que «la seguridad también está en riesgo» a consecuencia de la llegada masiva de embarcaciones a las costas canarias.

El jefe del Ejecutivo regional criticó la facilidad con la que entran las barcazas a las costas españolas, muchas de las cuales son descubiertas cuando ya han tocado tierra, y dejó entrever la vulnerabilidad de las islas ante cualquier incidente exterior.

Adán Martín dijo sentirse «entristecido» tras las protestas de algunas comunidades autónomas por la derivación constante de indocumentados desde Canarias a la Península. «Es vital que se entienda que la llegada masiva de inmigrantes es una cuestión de Estado. Los sin papeles se introducen en la frontera española y europea, aunque sea nuestro archipiélago la puerta de entrada y no se encuentre en el territorio continental», manifestó. En este sentido, el presidente canario se preguntó si la reacción de las autonomías que han protestado sería la misma si los inmigrantes «llegaran directamente a la Península».

El Gobierno canario cree que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha encauzado la inmigración irregular «a destiempo y con escasez de medios». Acciones como el Plan Africa o el despliegue del Frontex son criticables para Martín, más partidario de visitar los lugares desde los que pueden empezar a salir inmigrantes en breve, ante el despliegue de medios en Senegal y Mauritania, como Guinea Conakry o Burkina Fasso, «cuyos nacionales emigran desde Senegal ahora, pero que lo harán desde otras costas en breve».

El presidente canario pidió también la intervención del Ministerio de Hacienda para abordar el fenómeno de la inmigración en su totalidad, «porque la Agencia Tributaria tiene medios para perseguir a los traficantes de seres humanos».

Martín reclamó asimismo la ayuda del Estado en relación a los menores inmigrantes. Su comunidad puede asumir la integración de 250 menores, cuando a día de ayer tenía en sus centros a 622.

Por otra parte, ayer se suspendió el traslado a Tenerife de 132 varones subsaharianos que permanecían desde el sábado en un polideportivo de El Hierro. Dos compañías marítimas que operan en Canarias se han negado a efectuar ese servicio hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de tuberculosis que se han realizado a los inmigrantes, según informó a Efe una de las empresas, Naviera Armas. Esta sociedad dijo que ponía «por delante la seguridad del pasaje y de la tripulación».

También ayer, 25 personas fueron interceptadas por la policía de Senegal en Dakar cuando acababan de zarpar hacia Canarias en un cayuco. Esta detención se produce el mismo día en que el Gobierno de ese país africano y el español han firmado el acuerdo para adoptar medidas de seguridad para prevenir la inmigración ilegal hacia las costas europeas.

Otros 45 sin papeles llegaron a Canarias a bordo de una barcaza, que fue avistada por un pesquero cuando navegaba a una milla del suroeste de Gran Canaria. En ella viajaban cuatro menores.

Al menos una veintena de indocumentados desembarcó ayer en el aeropuerto de Barajas en un vuelo procedente de Canarias. Otros 24 fueron trasladados a Barcelona, donde fueron acogidos por varias ONG.