Diez años después de huir de la guerra, Nawal y su marido fueron devueltos a Siria desde Chipre. En 2013, la mujer escapó de la guerra que a día de hoy sigue devastando su país, junto a su marido y sus siete hijos. De Siria cruzaron a Líbano, país en el obtuvieron el estatus de refugiados, según su testimonio recogido en el último informe de Human Rights Watch (HRW), “No puedo ir a casa, quedarme aquí o irme’: devoluciones y expulsiones de refugiados sirios de Chipre y Líbano”.

Las políticas libanesas que les privaban de un estatus legal para encontrar trabajo y mandar a sus hijos a la escuela, les empujó a dar el siguiente paso: embarcarse para llegar a Chipre. “Quería irme del Líbano por el racismo que hay aquí. Después de la crisis financiera, todos los problemas los achacan a los sirios”, afirmó Nawal.

Tras un intento fallido, la familia llegó a Chipre la mañana del 28 de julio de 2023. Como el resto de los pasajeros, fueron llevados a un centro de detención pero, pese a que un guardia les aseguró que irían a un “campamento”, Nawal relató a la ONG que los agentes chipriotas los llevaron a un puerto. La mujer preguntó a un oficial a dónde les llevaban y este le dijo: “Os llevaremos a Siria”.

Nawal y su familia llegaron a Damasco, pero pudieron regresar a Líbano después de cruzar de forma ilegal la frontera, por segunda vez. La investigación de HRW recoge casos como los de su familia y revela la cooperación entre las Fuerzas Armadas Libanesas y las autoridades chipriotas para evitar que los refugiados que parten de Líbano lleguen a Europa a través del mar Mediterráneo.

Según el informe, las insoportables condiciones están empujando a muchos refugiados sirios a partir hacia Europa, especialmente Chipre, dada su proximidad a la costa libanesa, “en embarcaciones que no parten de puertos oficiales ni entran en ellos”. “En respuesta, Líbano, Chipre y la UE están aplicando una política de contención”, denuncia la ONG.

Durante las devoluciones, tanto las autoridades libanesas como las chipriotas ejercen violencia contra las personas migrantes. Nawal contó a HRW cómo la policía chipriota pegó a su marido mientras se burlaba de él y le obligaba a subir al buque que le llevaría de vuelta a Líbano. Otro testigo, asegura que, después de que la Guardia Costera chipriota los detuviera, las autoridades “utilizaron una pistola eléctrica y una porra”. Una vez de vuelta a Líbano, “el Ejército nos sacó del puerto y nos llevó a una tierra de nadie entre las fronteras [siria y libanesa] diciéndonos que corriéramos hacia el otro lado”.

“Chipre está violando la prohibición de devolver a un refugiado para que sea perseguido”, afirma Nadia Hardman, investigadora sobre derechos de refugiados y migrantes de HRW. Según el informe –basado en datos de seguimiento de aeronaves y barcos, y entrevistas a refugiados sirios que intentaron salir de Líbano de manera irregular entre agosto de 2021 y septiembre de 2023–, Chipre expulsó ilegalmente a los sirios que llegaban a sus costas sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo.

La organización defensora de los derechos humanos sostiene que Chipre ha devuelto a refugiados sirios a Líbano desde 2020 de forma continuada. El Gobierno ha propuesto en repetidas ocasiones realizar patrullas conjuntas con la Armada libanesa para detener cualquier movimiento de embarcaciones irregulares y, desde finales de 2023, ha pedido a la UE que declare partes de Siria seguras para el retorno de refugiados. La ONU considera que el país aún no lo es para el regreso de los que huyeron de la violencia y la persecución política.

HRW destaca que la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros han aportado hasta 16,7 millones de euros en financiación entre 2020 y 2023 para implementar proyectos de gestión de fronteras destinados principalmente a mejorar la capacidad de Líbano para frenar la migración irregular.

Según el informe, en mayo de 2024, la UE asignó un paquete más amplio: 1.000 millones de euros hasta 2027, que incluye dinero para las “Fuerzas Armadas Libanesas y otras fuerzas de seguridad con equipo y capacitación para la gestión de fronteras y para luchar contra el tráfico” de personas.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, dijo en ese momento que la UE tendría una “buena cooperación” con Líbano para “prevenir la migración ilegal y combatir el tráfico de personas”. Una semana después, la Oficina General de Seguridad del país árabe anunció nuevas medidas para restringir aún más la capacidad de los sirios de obtener asilo e intensificó las redadas, detenciones y expulsiones forzadas, según HRW.

Anteriormente, el 13 de abril de 2024, Chipre anunció que había suspendido la tramitación de solicitudes de asilo de todos los sirios que se encontraban en su territorio.

La ONG exige el fin de las devoluciones y retornos forzados de los refugiados hacia Líbano y que se les permita “desembarcar en territorio chipriota a las personas que se encuentren en embarcaciones interceptadas por los guardacostas chipriotas, ya sea en aguas chipriotas o internacionales”, además de que tengan la oportunidad de solicitar protección internacional en Chipre.