La Fiscalía Provincial de Tenerife requirió el pasado 29 de agosto al Gobierno de Canarias, concretamente a la directora general para la Protección de la Infancia y las Familias, que le informase «de modo inmediato» de las «concretas medidas» que se están adoptando para garantizar la acogida de los menores migrantes no acompañados, todo ello «a fin de evitar la actual situación material de abandono y desamparo de los menores».

Ese fue el contenido y el tono del escrito remitido tras el incidente del pasado fin de semana, cuando la entidad Quorum Social 77 explicó a la Policía Nacional que no tenía capacidad en su centro de El Hierro para dar acogida a unos 13 menores que habían llegado en cayuco el citado día 29 de agosto. La misma respuesta ofrecieron en esa fecha un jefe de servicio de la Dirección General para la protección de la Infancia y las Familias.

Por su parte, la Policía Nacional, que registró con quien había contactado y lo comunicó a la Fiscalía, trasladó al ministerio público que el centro de atención temporal de migrantes de San Andrés, en El Hierro, estaba «desbordado», porlo que tampoco podía dar la acogida.

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Tras denunciar el lunes el Gobierno lo ocurrido y advertir de que solo aceptaría acoger a menores migrantes no acompañados si previamente el propio Ejecutivo daba la autorización a las entidades privadas que prestan ese servicio, la Fiscalía emitió un comunicado en el que dijo que no había mandado «requerimiento alguno» a la administración autonómica, sino que solo había solicitado «información de las medidas concretas» adoptadas por el Gobierno.

Según ha podido saber este periódico, la Fiscalía recordó en su escrito a la Dirección General que sus competencias implican «la obligación de acoger de modo inmediato» a los menores y proporcionarles «una atención inmediata integral y adecuada a sus necesidades».