El planteamiento manifestado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señalando al Estado como responsable de los menores migrantes no acompañados cuando llegan al archipiélago hasta que se asume el traspaso de la competencia por la comunidad autónoma no es tan simple según algunos expertos.

Aunque califican esta decisión como «defendible» y «razonable», destacan que genera «inseguridad jurídica» porque al ser un «problema nuevo», tampoco cuenta con jurisprudencia ni precedentes.

En cualquier caso y después de su órdago, Clavijo, puntualizó este martes que, a pesar de que es el Estado quien tiene la custodia y guarda de los menores solos, Canarias les prestará una atención inmediata, aunque los recursos para su escolarización o para ayudarles con su proyecto de vida están «desbordados».

Defendible
Sobre el respaldo legal de esta decisión, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL) Gerardo Pérez Sánchez considera «defendible» la posición de Canarias pero insiste en la «excepcionalidad» en torno a este fenómeno. A su juicio, «no está tan clara ni la postura estatal ni la autonómica».

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Considera complicado fijar la frontera entre la competencia del Estado que es exclusiva en inmigración, extranjería y derecho de asilo y la de Canarias asistencia sociosanitaria del menor una vez llega al territorio.

En este sentido, entiende que si el Estado incumple o hace dejación de sus competencias en migración, «no puede pedir a la comunidad autónoma que cumpla estrictamente con las suyas» porque ambas están vinculadas, es decir «que, si se incumplen las primeras competencias que son responsabilidad del Estado, esa circunstancia puede afectar a las segundas» y habría «un margen» para que Canarias desista de las que tiene encomendadas.

Pérez se muestra partidario de «buscar la solución menos mala» ya que, puntualiza, todos los servicios públicos tienen un nivel de saturación importante «que pueden afectar a los derechos de los usuarios» y todos están vinculados con los medios humanos, materiales y presupuestarios disponibles. Apostilla que «decir quien es el responsable, es difícil», pero sí afirma que judicializar este asunto «supondrá muchos meses en espera de una solución».

Salto competencial no correcto
Por su parte, el profesor de Derecho Internacional privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Lucas Pérez parte de que ha habido un salto competencial «no correcto» por parte del Estado, ya que el protocolo establece que Madrid entrega a los menores a la comunidad autónoma y esta institución cede la gestión del cuidado a las ONG. Por tanto, desde su punto de vista, la posición del Gobierno canario es «razonable», aunque tampoco da solución al problema.

Lo más importante, explica, es que para que un niño quede tutelado por la comunidad autónoma se debe determinar su situación de desamparo. Explica que «es algo que asumimos para alguien que llegue en patera, pero el Gobierno de Canarias ahora requiere que se confirme que están en esa situación de vulnerabilidad, que son menores y que estén identificados». Esta exigencia es «procedente» aunque hasta ahora no se reclamaba.

Insiste en que este asunto tiene largo recorrido porque es preciso clarificar los protocolos administrativos. Apunta el experto que está establecido que el Estado debe entregar a la comunidad autónoma a los menores documentados. Sin embargo, no está definido qué tipo de documentación se precisa.

Los expertos coinciden en que «con menos estrategia partidista y más sentido común» ya se hubiera encontrado una solución, o al menos se habrían dispuesto medidas para evitar el colapso.