Si se ha de dar a los inmigrantes extranjeros el derecho de voto en las elecciones municipales, que se haga a través de un referéndum. Es la propuesta del alcalde de una ciudad, Vic (Osona), Jacint Codina, que se ha distinguido precisamente por su decidida voluntad de afrontar los retos planteados por la inmigración de los últimos años.

Codina criticó ayer la forma en que se ha planteado el debate sobre el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, mediante una proposición no de ley en el Congreso presentada por los grupos del PSOE e Izquierda Unida – Iniciativa Verds. En una entrevista en la cadena SER, Codina afirmó que se trata un asunto “suficientemente importante para que se consulte a la población”.

El alcalde consideró “un disparate” que se considere suficiente un plazo de dos años de residencia en una localidad para acceder al voto municipal, en el caso de los ciudadanos extranjeros. Algunos defensores de reconocer este derecho han hablado de dos años, aunque otros han hablado de cinco. Además de un plazo más largo, Codina, que es miembro de Unió Democràtica, el segundo partido de Convergència i Unió (CiU), propugna que se haga pasar a los inmigrantes una prueba de convivencia, en la que demuestren que conocen “la cultura, la Constitución y las reglas de juego en las comunidades de vecinos” del país en el que residen.

Propuestas de debate

Uno de los defensores de la propuesta, el vicepresidente de Iniciativa Verds, Jaume Bosch, afirma que, frente a las reticencias expresadas por los portavoces de CiU y Esquerra Republicana (ERC), "es perfectamente compatible "llevar a cabo políticas sociales de acogida con el reconocimiento del derecho al voto. Bosch criticó también que los socialistas catalanes hayan adoptado en este asunto “una posición ambigua, igual que ERC”, en vez de defender claramente los valores de igualdad, justicia y democracia.

CiU propuso anteayer en el Congreso abordar en conjunto los asuntos relativos a la inmigración a través de un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno central. Los grupos parlamentarios, los municipios y las comunidades autónomas.

Sin rechazar esta vía, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, reclamó que los partidos catalanes negocien antes lo que denominó un “pacto nacional” sobre la inmigración que incluya, en primer lugar, la fijación del contingente de inmigrantes que Cataluña necesita y puede absorber “sin poner en peligro el modelo de bienestar social”, así como el modelo de acogida a adoptar.

Bosch propuso que estas cuestiones sean incluidas en la reunión de la Comisión Bilateral Estado – Generalitat prevista para el mes de septiembre.