El Gobierno de Aragón ha iniciado este nuevo curso oficializando su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, una de las medidas que mayor protagonismo acaparó antes del cierre del anterior año político. Jorge Azcón ha anunciado esta medida, cuyo plazo para ser presentada acababa el 11 de septiembre, ante lo que fue “un golpe de Estado, como así lo considera el Tribunal Supremo, que únicamente ha servido para dar alas al independentismo”.

Una interpretación que el líder popular basa en lo ocurrido con el regreso de Puigdemont a Barcelona, con el que sostiene que “volvió a burlarse de Sánchez y del partido socialista, demostrando que sus ansias separatistas continúan intactas”.

Así, el presidente aragonés ha establecido que la actualidad política en Cataluña “seguirá siendo una parte importante del debate político, porque a los cambios en el Código Penal, los indultos o la amnistía se suma la financiación privilegiada que Pedro Sánchez va a otorgar al separatismo, que supone un atentado contra la solidaridad, la Constitución y la igualdad de todos los españoles”.

Ante esta “amenaza”, Azcón ha comunicado que se reunirá con todos los grupos políticos que forman las Cortes autonómicas para alcanzar un acuerdo común, “que deje en un rincón los intereses partidistas y que sirva de ejemplo al resto de Comunidades Autónomas”.

Además, ha reivindicado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, sobre la que, de momento, no hay atisbos de que vaya a ser inminente, en la que “lo primero que haría sería pedir al presidente del Gobierno que tenga respeto por todos los aragoneses y en la que defendería la solidaridad frente a la concesión de privilegios a cambio del poder”.
Problema migratorio

Sobre la llegada de 120 inmigrantes a la localidad turolense de Mora de Rubielos y las amenazas de Vox respecto a la aprobación de los presupuestos autonómicos, Azcón ha recordado que, cuando la formación ultraderechista formaba parte del Ejecutivo y Alejandro Nolasco, su líder, era vicepresidente, también se llevó a cabo una acogida en Sabiñánigo (Huesca), por lo que “conocen como es este proceso y que no es responsabilidad del Gobierno de Aragón”.

El dirigente ha desmarcado a la institución autonómica de la gestión del proceso migratorio, ya que es una cuestión que compete al Ministerio de Inclusión y se ha limitado a apoyar la propuesta realizada por el Partido Popular en dicho pueblo, referida a aumentar la seguridad para acabar con la inquietud que sienten los vecinos.
Retirada de Becton Dickinson

En cuanto a la retirada de la inversión de más de 200 millones de euros de Becton Dickinson, una de las empresas más importantes del mundo en el desarrollo de tecnología médica, respecto a la planta que iban a instalar en Zaragoza, Azcón ha apuntado que desde el Ayuntamiento, como ya anunció la alcaldesa Natalia Chueca, están trabajando para retirar las facilidades fiscales que le fueron concedidas a la compañía cuando iban a realizar el proyecto.

Para el presidente de Aragón, quien se ha “equivocado” en este asunto es la multinacional, que es la que ha tenido que tomar la decisión “para hacer una redistribución de sus fondos hacia otras plantas que tiene en el mundo”. Por ello, Azcón ha reivindicado el poder de atracción demostrado por las administraciones aragonesas en los últimos años, que con la llegada de más de 25.000 millones de euros a Aragón por parte de diferentes entidades, ha provocado que “seamos una región envidada por todo el sur de Europa”.