El Gobierno de Canarias se plantea llevar ante los tribunales al Ejecutivo central por lo que considera el abandono de los 6.000 menores extranjeros no acompañados que actualmente acoge el archipiélago, pese a que solo dispone de 3.000 plazas para hacerlo. Solo en el mes de agosto llegaron al archipiélago 571 menores. El Gobierno canario denunció este lunes que la red de acogida en El Hierro está preparada para acoger a 150 menores y cuenta hoy con 285. «Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas, pero el Gobierno de España nos ha dejado solos», reprochó Fernando Clavijo, presidente autonómico y líder de Coalición Canaria. «Hay gente que confunde la lealtad, la comprensión y la apuesta por el interés general del menor como debilidad. Y están equivocados», zanjó. que trabajan sobre el terreno.

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La respuesta al presidente canario llegó de la mano de su predecesor en el cargo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó que fue el PP, socio de Gobierno de Coalición Canaria, el que impidió en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades que vean ocupadas sus plazas de acogida en un 150 % puedan derivar de forma automática a los menores a otras regiones. «¿Cómo que el Estado les ha dejado solos? Si alguien ha dejado solo a Canarias es el PP», señaló Torres.

Competencia del Estado

El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las oenegés que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso de la comunidad.

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Clavijo ya había anunciado que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que «han marcado un antes y un después». Tras la reunión del Pacto Migratorio, lo explicó: la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una oenegé a acoger a seis menores porque no le quedaban plazas tras la acumulación de llegadas en la isla y la Fiscalía envió un requerimiento legal a su Gobierno.