«Mientras que el año pasado la emergencia estaba en Lampedusa, hoy está en las Canarias, en España». La reducción del 60% en el desembarco de inmigrantes y solicitantes de asilo en lo que llevamos de 2024 respecto al mismo período del año anterior ha llevado al Gobierno italiano a sacar pecho por las buenas cifras y, de paso, lanzar una estocada a un Ejecutivo en las antípodas ideológicas como es el español. Nicola Molteni, subsecretario del Ministerio del Interior, consideró «un resultado extraordinario» la disminución en las llegadas de irregulares: en lo que llevamos de 2024 han sido 41.617, frente a las 114.612 y 58.251 de los mismos períodos de 2023 y 2022, respectivamente.

«Todo esto ha sido posible gracias a la cooperación internacional con Túnez, Libia y Egipto», celebró en una entrevista con el diario ‘La Stampa’ Molteni, que es miembro de la Liga, uno de los partidos de la coalición de derechas que sostiene al Gobierno liderado por Giorgia Meloni. A punto ya de cumplirse dos años desde que llegó al poder, la primera ministra italiana empieza a hacer realidad su promesa de frenar la inmigración ilegal. Mientras que durante su primer ejercicio completo como jefa del Ejecutivo (2023) hubo un fuerte incremento en los desembarcos de irregulares (157.652 frente a los 105.131 de 2022 y a los 67.477 de 2021), Meloni comienza ahora a recoger los frutos de los acuerdos alcanzados con Libia, Túnez y Egipto, los países del norte de África desde donde habitualmente parten los desplazados que utilizan la ruta del Mediterráneo Central para llegar a Europa.