EL presidente de Gobierno, antes de acercarse a Canarias a conocer en persona el drama humano, intentó sajar el problema de los inmigrantes africanos: no había saturación en los centros de acogida. Error o falsedad manifiesta. De enero aquí, Interior ha trasladado a la península a más de once mil «sin papeles» en aviones contratados con una compañía suiza. En todo 2005 fueron 4.200 los traídos desde las islas, según el mismo ministerio.
Aun así, los centros resultan insuficientes y los inmigrantes se hacinan en comisarías. Las giras, bien aireadas, de Moratinos por los países de origen se han demostrado estériles y ahora Rubalcaba ha ido a Senegal a remendar la ineficacia diplomática y la vicepresidenta anunció viaje a Finlandia, presidente semestral de la UE, para urgir lo que Rodríguez Zapatero y la misma Fernández de la Vega anunciaron, con mucho redoble, como un «salto cualitativo» en la acción comunitaria. El salto no se ha dado y anteayer, en Exteriores de Helsinki, no les constaba la visita oportunamente publicitada aquí.El derroche propagandístico no basta para calafatear una política errática. El problema ha superado por completo al Gobierno, incapaz de reconocer, pese a sus ardorosas promesas de transparente veracidad, el fracaso de la Ley de Extranjería, cuyo fautor, el ministro Caldera, no da la cara para explicar, entre otras cosas, por qué no se aplica esa ley, que votó a favor Coalición Canaria, detalle que ahora conviene tener presente. Y parte importante del fracaso es la dispersión peninsular de los «ilegales». Cataluña se ha revuelto y Valencia dice que el 85% de los llegados en cayucos se llevan y libran a su suerte en Comunidades gobernadas por el PP. Contra el «efecto llamada», el Gobierno invoca la solidaridad de todos. Pero utiliza la solidaridad como castigo político.