La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó ayer que el actual sistema de distribución de inmigrantes por autonomías fue aprobado por las Cortes en el 2002, cuando gobernaba el PP, y que por lo tanto el Gobierno actual se limita a cumplir con un mandato parlamentario. De esta forma replicó a las autonomías gobernadas por el PP, además de Catalunya, que se quejan sobre el reparto. Estas autonomías dicen haber recibido casi dos tercios de los más de 18.000 inmigrantes irregulares que llegaron a Canarias en lo que va de año. Así Madrid informó de que desde el mes de enero ha recibido unos 6.500 inmigrantes; Valencia, 1.220; Murcia, 836, mientras que Catalunya, 750. El Gobierno señaló que no va a polemizar con las comunidades autónomas sobre esta cuestión y apuntó que no todas las regiones tienen centros de internamiento y que por lo tanto no pueden acogerlos.