El grupo parlamentario de CiU en el Congreso presentó ayer una proposición no de ley en la que pide la creación de un grupo de trabajo en el que estén representados Gobierno, comunidades autónomas y municipios. El objetivo es que se coordine y se busque soluciones al problema de la inmigración ilegal.

PROBLEMA DE TODOS
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GRUPO DE TRABAJO
CiU aboga por implicar a todos los niveles de la Administración

CRÍTICAS
El Gobierno valenciano carga contra Madrid por huir “hacia delante”

EN EL PARLAMENT
Benach propone celebrar un debate monográfico tras el 1-N
La llegada masiva de inmigrantes ilegales a las Canarias, muchos de ellos de origen subsahariano, y su posterior traslado a centros de acogida en la Península, provocó ayer la reacción de diversas formaciones políticas que piden una mayor cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración central para afrontar este flujo migratorio descontrolado. El grupo parlamentario de CiU presentó ayer una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a la formación de una mesa de trabajo en la que además de representantes del Ejecutivo estarían las comunidades autónomas, así como representantes de los municipios.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, envió ayer una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que agilice la formación de esta mesa y sea el Gobierno el que ponga en marcha el grupo de trabajo, ya que si va por vía parlamentaria, teniendo en cuenta las previsiones reglamentarias, la Cámara tardaría algunas semanas en debatir la cuestión.

Duran, quien mantuvo también un contacto telefónico con Zapatero sobre esta cuestión, afirmaba en la misiva enviada al presidente que es indispensable “recurrir al diálogo y al consenso entre todas las fuerzas políticas para abordar un problema” que incumbe al “conjunto de fuerzas parlamentarias”.

De llevarse a cabo esta iniciativa, el grupo estaría presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y lo integrarían altos representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, además de “cualificados” representantes de cada uno de los grupos parlamentarios y miembros de los municipios y las comunidades autónomas afectadas en mayor medida por este problema.

En esta misma línea, el vicepresidente del Consell valenciano, Víctor Campos, anunció que la Generalitat solicitará al presidente Zapatero la convocatoria “urgente” de una reunión entre el Gobierno, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de “abordar soluciones a la inmigración ilegal, analizándola desde una perspectiva integral”.

Campos denunció en un comunicado que el Gobierno “no tiene una política de Estado respecto a la inmigración y, especialmente respecto a la ilegal, sino que practica una política que consiste en una huida hacia delante para quitarse el problema temporalmente de encima”. Además, los gobiernos de Valencia, Murcia y Madrid pidieron una entrevista “urgente” con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España.

Por otro lado, el presidente del Parlament, Ernest Benach, propuso celebrar un debate monográfico sobre inmigración cuando se constituya la nueva cámara catalana, tras las elecciones del 1-N, y antes del próximo verano.

El dirigente republicano afirmó que deben exigirse responsabilidades al Gobierno de Zapatero por el traslado de inmigrantes subsaharianos sin papeles desde Las Palmas a Barcelona sin constancia de la Generalitat, y celebró que ésta se haya quejado. “Es una cuestión que no se aborda seriamente y que es un polvorín, y algún día alguien prenderá fuego y todos resultaremos dañados porque el tema es muy serio y muy grave”.