El cayuco desborda la ley de Extranjería

Los 19.000 inmigrantes llegados a Canarias certifican el desfase del sistema

La Vanguardia, 24-08-2006

La estrategia española contra la inmigración ilegal se ideó para frenar las llegadas procedentes de Marruecos; cuando Rabat cerró su frontera, el sistema naufragó

LUIS IZQUIERDOMADRID

Seis meses después de la última regularización ya había un millón de ‘sin papeles’, según el INE
A estas alturas de la crisis de los cayucos caben pocas dudas de que el sistema de contención y gestión de flujos para la inmigración puesto en pie por el Estado en los últimos seis años ha hecho aguas, demostrando la incapacidad de la Administración para abordar un grave problema que llega de muy lejos. Una crisis que no podía ni imaginarse cuando se elaboró la ley de Extranjería, en un momento en el que la mayoría de los inmigrantes llegaban de Marruecos.

Aunque parezca lejano en el tiempo, fue en el 2000, hace sólo seis años, cuando se aprobó – con el apoyo de todos los partidos menos el PP- la primera ley de Extranjería que tomaba en serio el fenómeno y que derogaba la de 1985. Por entonces, España contaba con 801.329 permisos de residencia para extranjeros en vigor y la Guardia Civil arrestaba a 15.000 ocupantes de pateras, casi todos de origen marroquí. Meses después se creaba, por primera vez, una secretaría de Estado encargada de coordinar todo lo relacionado con la inmigración. Tal como Aznar prometió durante su campaña electoral de principios del 2000, su Gobierno modificó por entero la ley y la aprobó en el 2002. Durante esos 12 meses la Guardia Civil interceptó en alta mar y en las costas a 12.600 inmigrantes, 9.000 de ellos llegados a Canarias. El problema seguía llegando en pateras desde Marruecos y a su solución se destinaron normas y recursos. Todos los marroquíes eran devueltos en apenas dos días y España asumía los pocos subsaharianos que se colaban en las pateras.

Meses antes de que concluyese la legislatura, a finales del 2003, PP y PSOE alcanzaban un acuerdo para modificar de nuevo la ley.

Cambiaban algunos aspectos de menor relevancia y apartaban la inmigración del centro del debate político. El número de inmigrantes detenidos a bordo de embarcaciones se situaba ese año en 19.000, de los cuales unos 9.000 habían alcanzado Canarias. Pero el acuerdo de readmisión con Rabat seguía funcionando a la perfección, aunque el número de subsaharianos era creciente. Terminaba el 2003 con 1.647.011 extranjeros residentes en España.

Tras el traspaso de poderes, el 2005 fue el año del proceso de regularización y de los asaltos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Mientras Europa se sorprendía con las imágenes de aquellos asaltos masivos de africanos desesperados, la población extranjera alcanzaba el 31 de diciembre los 2.738.932 personas. Más del doble que cuando fue aprobada la ley, sólo tres años antes.

Mientras tanto, tras el acuerdo con Marruecos en las costas se tranquilizaba el tráfico de pateras. El número de ocupantes de embarcaciones con rumbo a Canarias descendía a 4.715 y más de la mitad seguían siendo marroquíes.

Este año, cuando todavía no ha concluido agosto, son más de 18.000 los subsaharianos arribados a las islas. Con un sistema legal basado en el rápido retorno de los marroquíes y unas infraestructuras dimensionadas para las cifras de subsaharianos llegados en años anteriores, la Administración se ha visto desbordada por completo. Ha sido ese colapso el que ha desatado la tormenta con la que como todo apunta empezará el curso político.

Por si fuera poco, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y referidos al 1 de enero del 2006, en España hay 3,8 millones de extranjeros empadronados; un millón más que los permisos de residencia vigentes, sólo seis meses después del último proceso extraordinario.

Rosa Aparicio, investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre las Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, explicó a La Vanguardia que lo que está sucediendo era hasta cierto punto “esperable”. Pero, al tiempo, añadió que no sólo el español, sino todos los sistemas de contención y gestión de la inmigración han sido desbordados por el torrente humano que significa el fenómeno.

Sobre la situación española en concreto, Aparicio expuso que la ley española es dura en algunos aspectos y blanda en otros; lo que produce un cierto “efecto llamada” para los extranjeros en una era globalizada donde las informaciones viajan a enorme velocidad (en Senegal hay dos millones de teléfonos móviles, el doble que fijos). “Es una ley que da esperanzas – definió la investigadora- a los inmigrantes”. Además, desde el año 2000 se han sucedido los procesos extraordinarios de regularización – en el último se otorgaron 550.000 permisos de residencia-, hasta el punto de que en muchos países africanos los consideran parte de la política cíclica sobre migraciones de España.

Antonio López, profesor de sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, manifestó que a los procesos de regularización suelen suceder avalanchas de inmigrantes irregulares. Una afirmación que refrendan los datos aportados por el INE sobre el masivo empadronamiento de extranjeros después de que éste fuese uno de los requisitos imprescindibles para el último proceso extraordinario, que se desarrolló en la primavera del 2005.

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró ayer que las comunidades autónomas “conocen los traslados de inmigrantes de Canarias a la Península”, aunque admitió que el lunes no se avisó a Catalunya de la llegada de inmigrantes debido a “un error de coordinación”. Caldera recordó que fue en el año 2002, con José María Aznar como presidente del Gobierno, cuando se aprobó derivar a los inmigrantes a la Península para “aliviar la situación de Canarias”.

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