El Congreso aprobó en 2002 una red nacional de acogida para ayudar a Canarias

La proposición de CC salió adelante con una enmienda del PP, entonces mayoritario

Canarias 7, 24-08-2006

EFE
Madrid
El Congreso de los Diputados aprobó el 16 de abril de 2002 una proposición no de Ley del grupo de Coalición Canaria que establecía el uso de una red nacional de acogida de inmigrantes en caso de que se superara la capacidad de los centros ubicados en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

La proposición de CC, que salió adelante con una enmienda del PP, entonces mayoritario, afirmaba: “cuando la capacidad de acogida de Canarias se supere, se planificarán medidas específicas, de forma que se evite la concentración de personas sin alternativas”, a través de la mencionada red nacional.

A este texto se remitió hoy la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para defender la “transparencia” de la redistribución de inmigrantes desde las Islas Canarias a la península, realizada, dijo, según el acuerdo parlamentario de 2002.

La proposición preveía el desarrollo de convenios entre la administración del Estado y la Autonómica y Local “en materias claves para la atención e integración social de los inmigrantes”.

También estipulaba la entrada en funcionamiento de dos centros de migraciones en las dos islas capitalinas, para la atención, acogida, intervención social y, en su caso, derivación de extranjeros que tuvieran la condición de solicitantes de asilo, desplazados, refugiados, apátridas o de inmigrantes que se hallen en situación de vulnerabilidad o corran riesgo de exclusión social.

La iniciativa parlamentaria se remitía a una subcomisión en el seno de una comisión bilateral de cooperación Canarias – Estado, que, entre otras tareas, debía encargarse de establecer la capacidad de los centros mencionados.

Las propuestas también preveían compromisos específicos sobre el incremento de la cooperación para el desarrollo con los países del Africa subsahariana, y la inclusión en las prioridades de la UE del diseño de una política exterior y de cooperación para el desarrollo con Africa.

“Los convenios de cooperación con los países africanos contendrán – añadía el texto – la correcta canalización de flujos de inmigración regular, así como las repatriaciones de la irregular”.

Pedía también un incremento de recursos para el control de las fronteras de Canarias, a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior ya desarrollado en el Estrecho.

Esta mejora de la vigilancia en aguas y costas pretendía impedir “las numerosas muertes” que se producían en ellas, afirmaba la proposición, y “disuadir y frenar la acción de las mafias tanto de tráfico de personas como de droga”.

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