La distribución de inmigrantes es mandato del Parlamento

Fue aprobado por las Cortes en el año 2002

Canarias 7, 24-08-2006


Madrid
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por las Cortes en el año 2002, cuando gobernaba el PP, y que el Gobierno actual cumple por lo tanto con un mandato parlamentario.

En sus declaraciones , Rumí añadió que las Comunidades Autónomas acordaron, además, en conferencia sectorial que se continuara con esta distribución territorial y calificó de “desfachatez” la actitud del PP al denunciarla.

Añadió que, a diferencia del anterior periodo legislativo, es ahora cuando sí se informa a las CCAA, a través de las Delegaciones del Gobierno, de la llegada de los inmigrantes a sus territorios, “cosa que antes no se hacía”.

También indicó que se ha creado una red de acogida concertada y acordada con las ONG y los Gobiernos autonómicos, y que hay unos recursos de 182 millones de euros para este año, frente a los 7 millones de 2004.

Por todo ello, la secretaria de Estado de Inmigración calificó la actitud del PP al denunciar esta distribución de “desfachatez” y “lamentable”, ya que ellos, aseguró, eran los que no informaban, no contaban con recursos y les dejaban en la calle “sin acogida ni cobijo”.

Que miren, dijo, cómo llevaban a cabo ellos esta distribución, “con total ocultismo”.

Para Rumí, es “falso” que los inmigrantes sólo son trasladados a las comunidades gobernadas por el PP, ya que se distribuyen en función de aquellos lugares donde hay centros de internamiento, como Madrid, Valencia o Málaga, o según las plazas disponibles de la red de acogimiento concertada con las ONG.

Además, recordó que parte de estos centros fueron creados en estas capitales por el Gobierno del PP.

Finalmente anticipó que la semana que viene está previsto decidir en qué día de septiembre se celebrará una conferencia sectorial para abordar el tema de los menores inmigrantes no acompañados.

Se trata de estudiar la solicitud del Gobierno de Canarias para que las CCAA colaboren de forma voluntaria en el acogimiento y tutela de estos menores.

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