El pasado mes de julio, en plena tensión política y territorial por la gestión de los menores inmigrantes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, lanzó en el Parlamento andaluz un mensaje contundente: «¿Todos los extranjeros que vienen a Andalucía son unos delincuentes salvajes? ¿Quieren que cada vez que veamos una persona de color o con una etnia o raza distinta pensemos que es un delincuente? Es un disparate y el PP andaluz no va a participar nunca de esa carnicería». No fue un planteamiento aislado. De hecho, durante esta crisis migratoria que se ha agravado durante los últimos meses, Andalucía ha sido la primera en acoger menores desde Ceuta en cumplimiento del acuerdo de julio, ha defendido un planteamiento de «solidaridad y acogida», y ha rechazado tanto la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central como cualquier iniciativa que vinculara inmigración y seguridad.

Ayer, ante otra oleada de peticiones de ayuda por la saturación de sus centros , especialmente en Canarias y Ceuta, la consejera y portavoz del gobierno, Carolina España, volvió a subrayar que Andalucía es «tierra de acogida y solidaria», e incidió en que seguirá colaborando con otras regiones y dando una atención adecuada a los menores inmigrantes. De hecho, tras la llegada hace dos semanas de seis menores, ya se está ultimando el traslado de otros seis (estaba previsto la semana pasada y no se pudo completar) y se intenta acelerar el ritmo hasta llegar a los 30 en cumplimiento del reparto pactado en julio y del convenio con la ciudad autónoma firmado en 2023.

Todo esto pese a que según subraya la Junta de Andalucía, los centros de acogida para menores inmigrantes se encuentran 115% debido a los más de 500 menores que han llegado con apariencia de mayoría de edad a la comunidad autónoma y que tras ser identificados por la Fiscalía como menores de edad han pasado a ser acogidos por la red autonómica. La llegada de estas personas no viene acompañada de ninguna compensación económica por parte del Estado.

Eso sí, el Gobierno andaluz mantiene una posición muy crítica respecto a las medidas implementadas por el Gobierno central: «Hace falta que la política migratoria se dote de recursos suficientes y que sean serios, y que no haya está falta de humanidad». Se refiere así la Junta a los traslados que se han registrado en los últimos meses de inmigrantes a la península debido a la saturación de las instalaciones de acogida de las Islas Canarias entre los que se ha detectado posteriormente que había menores de edad que no habían sido tratados como tal y se habían considerado como adultos hasta que han sido identificados por parte de la Fiscalía a instancias de asociaciones.

Cambio de modelo
De momento, la Junta de Andalucía no contempla aumentar las 645 plazas reservadas para menores inmigrantes que se encuentran ya saturadas, con una situación que podría empeorar en los próximos meses si se mantiene la tendencia de la inmigración irregular. Pero sí está inmersa en una revisión del modelo de atención a todos los menores atendidos que incorpora a estos niños, niñas y adolescentes inmigrantes acogidos.

«Nuestro objetivo es garantizar que los menores inmigrantes acogidos tengan las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas tutelados», explican desde la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud que ha iniciado la elaboración de una nueva estrategia de cuidados y protección de los menores tutelados. Este proceso tiene como objetivo favorecer las medidas de integración familiar y los centros de grandes dimensiones apostando por equipamientos más repartidos y de menor tamaño adaptados a las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes tutelados. Asimismo, el plan prevé la progresiva eliminación de la acogida en residencias de menores de edades inferiores a 13 años.

Todos estos planteamientos serán de aplicación para los menores inmigrantes que forman parte de la red. Concretamente, en Andalucía hay 645 plazas para niños, niñas y adolescentes que llegaron a la comunidad autónoma de forma irregular y sin familiares. Son en torno a un 12% de los 4.930 niños tutelados por el Gobierno andaluz, de los cuales 2.367 se encuentran en acogimiento familiar y 2.281 en distintas residencias o centros de acogida (en este ámbito se encuentran los menores inmigrantes).

«La problemática a la que debe responder la estrategia son las cifras excesivamente altas de menores especialmente de corta edad acogidos en centros (…) Se pretende proponer un nuevo sistema que dé respuesta a las necesidades de protección de menores y dé cumplimiento al mandato legal de que los niños, niñas y adolescentes de menores edad tengan cuidados alternativos fuera del ámbito de la institución» recoge la memoria de la nueva estrategia que se somete desde ayer a un proceso de exposición pública.

Respuesta al alcalde de Badalona
En paralelo, el Gobierno andaluz se ha desmarcado de todos los mensajes que vinculan inmigración con seguridad, como ya hizo Juanma Moreno en el Parlamento. Lo ha hecho con contundencia cuando estos mensajes han tenido su origen en Vox (formación que llegó a romper todos los gobiernos autonómicos con el PP por un desencuentro en esta materia) y lo ha hecho también de forma más moderada con declaraciones que han surgido incluso en el seno del PP.

En el debate político sobre la crisis migratoria se cruzó la semana pasada el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol,. quien señaló en redes sociales a un grupo de menores inmigrantes que se trasladaban en barco a Cataluña y planteó a raíz de eso que podrían provocar problemas de seguridad o convivencia.

La dirección nacional del PP ha evitado hasta ahora criticar expresamente este mensaje (así ocurrió con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra y el portavoz nacional Borja Sémper). Sin embargo, estas palabras sí fueron cuestionadas por la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España: «No estuvo afortunado. Tiene un conocimiento de la situación diferente porque está muy pegado al problema y hablaba de lo que estaba viendo, de lo que estaba padeciendo, o lo que estaba en esos momentos ocurriendo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que no estuvo afortunado».

Al margen de esta polémica, el enfrentamiento entre el Gobierno de España, la oposición del PP y las comunidades autónomas se ha relanzado tras la reciente reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Ceuta, Fernando Clavijo. La propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, que fue rechazada el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados, establecía la obligatoriedad de que todas las comunidades autónomas acogieran a los menores inmigrantes que les fueran asignados cuando las instalaciones de Ceuta, Canarias y Melilla superaran el 150% de capacidad, circunstancia que se produce en estos momentos.

Sin embargo, no está recogida en la ley la situación de una comunidad como Andalucía, la segunda en cuanto a recepción de inmigrantes en sus costas y en cuanto al número de menores inmigrantes que están atendidos en sus centros de acogida, con 645 plazas. Es uno de los aspectos que la Junta ha puesto encima de la mesa al plantear que debe ser reconocida en el modelo la situación fronteriza andaluza.