Hace poco el PP tumbó, junto con Vox y Junts, la reforma de la Ley de Extranjería para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y echar una mano a Canarias y Ceuta, gobernadas por el PP. Sin dicha reforma, son las autonomías –la mayoría gobernadas por el PP– las que deciden si solidariamente acogen a niños migrantes en su territorio y a cuántos. Y como muchos líderes populares, entre ellos Feijóo, abrazan el discurso del odio racista de Vox –«Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad» y «que no nos ocupen las casas», dice Feijóo– que equipara inmigración y delincuencia para pescar votos en el caladero de la derecha extrema, el asunto se quedó sin resolver. Es de miserables exigir ahora una solución. Basta ya de ambigüedades: el PP no puede tener dos criterios para lograr rédito electoral con el sufrimiento de seres humanos. O se es racista o se está del lado de los derechos humanos. No hay más.