El agravamiento y extensión del conflicto de Malí y el cerrojazo de Túnez a la emigración tras los acuerdos alcanzados con la UE en 2023, que han provocado un descenso del 66% en las llegadas a Italia según Acnur, son dos factores que están empujando hacia la ruta migratoria canaria a miles de malienses que huyen del conflicto en su país. A ello se suma la incapacidad de Mauritania, el país que atraviesan, para gestionar este flujo, lo que ha convertido este año a Malí, por primera vez, en el principal país de origen de la emigración irregular africana hacia España. El presidente español, Pedro Sánchez, aterriza este martes en Mauritania en una visita que le llevará también a Gambia y Senegal con la emigración irregular como tema central.

Este cambio en el perfil es muy significativo pues, frente a marroquíes y senegaleses que suelen ser migrantes económicos, la mayoría de los malienses huye de una guerra. De hecho, el 96% de los nacionales de este país que solicitan asilo en España son aceptados, según Xavier Creach, coordinador para el Sahel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Son personas que necesitan protección, este tema no se va a solucionar con controles migratorios, si los malienses no tienen opciones de quedarse en la región van a seguir saliendo. Los controles son necesarios, pero estaría bien que el presidente español, Pedro Sánchez, pudiera hablar también de crear espacios de protección en África durante su visita”, asegura.

La guerra de Malí, que estalló en 2012 cuando rebeldes tuaregs y grupos yihadistas se alzaron en armas en el norte del país, se ha intensificado de manera notable en los últimos dos años. El Ejército maliense y sus aliados rusos de la empresa Wagner han lanzado una ofensiva para recuperar el control del centro y norte del país, ocupado por los grupos armados, que se ha caracterizado por la comisión de masacres de civiles — como la de Moura en 2022—, pillaje, torturas y violaciones que han provocado un incremento de la cifra de refugiados que llega a Mauritania y otros países vecinos.

Pese a este despliegue de violencia, la ofensiva no está dando los frutos esperados. Los rebeldes tuaregs hostigan a las fuerzas ruso-malienses y los grupos yihadistas han conseguido extender su insurgencia por todo el país, afectando a los alrededores de la capital y regiones como Kayes y Sikasso, en el oeste y sur respectivamente, las menos tocadas hasta ahora por el conflicto. Solo este mes de agosto, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) ha reclamado la autoría de dos ataques en Melgué y Yelimané, un artefacto explosivo en Diabaly, todos ellos cerca de la frontera mauritana, y la detonación de una mina artesanal en Yorosso, al sur.

Pero los malienses no huyen solo de la extensión del conflicto a prácticamente todo el país, sino también de las devastadoras consecuencias económicas que genera la guerra y que se suman al creciente aislamiento regional e internacional que sufre tras la llegada al poder de los militares: campos de cultivo que se abandonan, zonas de pastoreo hoy inaccesibles, escasez de gasolina, cortes de luz a diario y el comercio seriamente afectado. “Hoy vas a retirar dinero a un banco en Bamako y solo te pueden dar 1.500 euros porque ni los bancos tienen. Todos los emprendedores se están yendo”, asegura un empresario maliense hoy residente en Senegal.

La inmensa mayoría de los refugiados, tanto malienses como de otros países que viven conflictos en la región, se queda en el propio continente africano. Pero las cifras aumentan a un ritmo vertiginoso. En julio pasado había 13,7 millones de refugiados y desplazados internos en África occidental y central, un 25% más que en julio de 2023. Hace tan solo cinco años la cifra era de 6,5 millones. “Está claro que las 22.000 personas que han llegado a Canarias en seis meses suponen un desafío mayor para las autoridades de las Islas, pero hay que poner esas cifras en contexto con lo que ocurre en África. Solo en Burkina Faso, un país muy pobre, hay entre dos y tres millones de desplazados internos; en Chad tienen 1,2 millones de refugiados, la mitad procedentes de Sudán; y en Mauritania, que tiene cinco millones de habitantes, hay unos 200.000 refugiados malienses”, comenta Creach.

Migrantes desembarcados de un cayuco llegaban el lunes al puerto de Valverde, en El Hierro.
Migrantes desembarcados de un cayuco llegaban el lunes al puerto de Valverde, en El Hierro.
Maria Ximena (AP/LaPresse)
Menor ayuda externa
Paradójicamente, el aumento de las personas que se han quedado sin hogar no está suponiendo un incremento de la ayuda internacional, sino todo lo contrario. En 2020, los donantes solo alcanzaron a cubrir el 60% de las necesidades de Burkina Faso, Malí y Níger para atender a refugiados y desplazados, pero en 2024 no se ha llegado a financiar ni el 20% de los aproximadamente 2.000 millones de euros necesarios en una crisis ensombrecida por otros conflictos en el mundo. “Si los refugiados no pueden recibir educación, atención sanitaria, acceso a alimentos y agua o conseguir un empleo, para ellos quedarse en África ya no es una opción”, asegura el coordinador de Acnur para el Sahel.

Ante la imposibilidad de conseguir visados, las dos rutas tradicionales de la emigración maliense hacia Europa son la de Canarias y la del Mediterráneo, que atraviesa el desierto del Sahara y tiene a dos países como principales puntos de salida de las embarcaciones: Libia y Túnez. Sin embargo, los graves abusos cometidos contra los migrantes en el primer país, con prácticas de esclativud, torturas y secuestros, convirtieron al segundo en el epicentro de las salidas hacia Europa. En 2023, casi 160.000 personas llegaron a Italia por vía marítima irregular, pero en 2024 se ha producido un descenso del 66%. Detrás de esta caída están los acuerdos firmados por Italia y la Unión Europea con Túnez, que prevén inversiones superiores a los 1.000 millones de euros.

En contrapartida, Túnez ha puesto en marcha una política sin precedentes de persecución contra los migrantes subsaharianos, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch ha documentado abusos, golpes, uso excesivo de la fuerza, casos de tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, interceptaciones peligrosas en el mar, desalojos forzosos y robo de dinero y pertenencias cometidos contra los migrantes. Médicos sin Fronteras acusa a la UE de “complicidad en el abuso continuo al que se somete a los migrantes atrapados” en Túnez, cuyo presidente, Kais Said, ha sido acusado de racismo por sus declaraciones contra los migrantes.

La política de mano dura de Túnez ha contribuido a que la ruta canaria sea hoy una opción creciente para miles de malienses. “Entran por carretera o simplemente cruzan la frontera”, aseguran fuentes del Gobierno mauritano, “tenemos acuerdo de libre circulación, nuestros nómadas también van a Malí en busca de pastos, y, además, estamos obligados por solidaridad y por ley a acogerlos como podamos”. Las cifras oficiales hablan de unos 110.000 refugiados malienses en Mauritania, pero la realidad es muy superior y podría rondar los 200.000: el campo de Mbera hace meses que llegó a su límite de capacidad y acoge a la mitad. El resto se instala en las afueras del campo o van a las ciudades en busca de oportunidades, con la posibilidad de dar el salto a Canarias en el horizonte.

“Mauritania no puede hacer más”, asegura la misma fuente, “en febrero ya estuvo el presidente español e hizo muchas promesas, pero a día de hoy no se ha visto ninguna iniciativa concreta. Hay cierto malestar por esos compromisos incumplidos. Necesitamos reforzar nuestra seguridad con drones, vehículos, radares y material, pero también inversiones económicas para impedir que nuestros jóvenes se vayan, porque también están empezando a coger los cayucos”, añade. Nuadibú es uno de los puntos de salida tradicionales, pero en los últimos meses muchas embarcaciones zarpan de los alrededores de Nuakchot, donde la vigilancia mauritana o de la Guardia Civil española es menor.