AGENCIAS/BEGOÑA RUBIO/MADRID/MELILLA
El Gobierno central reunirá en septiembre a los responsables autonómicos en materia migratoria para estudiar la redistribución en toda España de los menores que llegan a las costas españolas sin documentación.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, adelantó recientemente que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretende asumir esta tarea, que ya lleva a cabo con los adultos, para atender a las reclamaciones de comunidades como Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desbordadas ante la gran cantidad de adolescentes solos que desembarcan en su territorio o cruzan la frontera con Marruecos.

Como política social, la protección del menor es una competencia autonómica. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en junio con el presidente canario, Adán Martín, a promover la solidaridad interregional para repartir la carga de los principales receptores de inmigrantes.

Los centros de acogida canarios albergan ya a más de 650 menores inmigrantes y la Consejería de Asuntos Sociales calcula que a finales de año la cifra podría ascender hasta 900. Según Martín, cada uno de ellos cuesta al año 3.000 euros. En Ceuta y Melilla la situación es similar. Los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, vienen asegurando desde hace meses que sus instalaciones sufren una «saturación absoluta». En el caso concreto de Melilla, según los últimos datos ofrecidos recientemente por la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, el Gobierno tiene acogidos en estos momentos a 300 menores, la mayoría de los cuales se encuentra en el macrocentro de La Purísima.

Voluntad

A vueltas con las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se mostró aún así optimista y aseguró que los gobiernos autonómicos han dado ya una «muestra de voluntad» al aceptar celebrar una conferencia sectorial sobre la cuestión.