La redistribución por la península de inmigrantes llegados a Canarias ha despertado el revuelo entre las diferentes comunidades autónomas (CCAA) de acogida.


La Conselleria de Bienestar Social comunicó ayer su descontento ante el modo de actuar del Ejecutivo en esta materia, ya que éste “informa prácticamente sin antelación de los traslados”. Frente las denuncias emitidas desde el Consell, el Gobierno Central se ha defendido. Así, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que las comunidades “conocen los traslados de inmigrantes”, aunque admitió que el martes no se avisó a Cataluña por “un error de coordinación”. Además, el Gobierno está cumpliendo el protocolo que se aprobó en enero de 2005 que supuso la creación de una comisión mixta Estado – CCAA, “por lo que las comunidades son conscientes de los traslados”, defensa que compartió también la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.