PALOMA PÉREZ/VALENCIA
El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, solicitará al Gobierno central una reunión urgente con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para “abordar soluciones a la inmigración ilegal”. Para Campos, la permisividad del Ejecutivo en esta materia ha hecho de España “un coladero” por donde entrar con facilidad. “El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no tiene una política de Estado respecto a la inmigración y, especialmente respecto a la ilegal, sino que practica una ‘política de gobierno’ que consiste en una huida hacia delante para quitarse el problema temporalmente de encima.’’ Así de contundente se mostró, ayer, el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, ante la creciente llegada de inmigrantes a las costas canarias y su consecuente traslado al resto de comunidades autónomas. Para Campos, “la magnitud que ha alcanzado el fenómeno de la inmigración ilegal requiere soluciones integrales”, por ello solicita al presidente del Gobierno una reunión urgente junto con los representantes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para atajar la entrada masiva de irregulares. Similar medida tomaron los gobiernos de Murcia y Madrid.

En lo que va de año y hasta el pasado 18 de agosto, la Comunitat Valenciana ha recibido del Gobierno central un total de 1.220 inmigrantes en situación irregular que previamente llegaron a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla. Su abultado número escandaliza al gobierno valenciano, que vio como durante el mismo periodo de 2005 tan sólo entraron en la Comunitat 172 irregulares.

Ante esta situación, las autoridades valencianas alertan frente a una posible saturación de los centros de menores, sobre todo, al conocer las intenciones del gobierno canario de redistribuir a parte de los 650 jóvenes subsaharianos acogidos en el archipiélago entre las diferentes comunidades españolas. Las 250 plazas con las que cuenta el archipiélago no dan a basto y la Comunitat teme los efectos de la llegada de estos menores, que deberán ser acogidos en los centros para jóvenes de la región.

Comunidades descontentas

La Comunitat, junto a Madrid –que ha recibido, en 2006, 750 inmigrantes–, y Murcia –con 836–, son de las comunidades que más desplazados han acogido en lo que va de año. Por ello, tanto el departamento de Bienestar Social, como la consejería de Trabajo y Política Social de Murcia y la de Inmigración de Madrid han acordado solicitar una reunión urgente del Consejo Superior de Políticas de Inmigración, encuentro que se une al requerido por el vicepresidente del Consell.

La titular de Bienestar Social, Alicia de Miguel, manifestó ayer su deseo de que el Gobierno central “desactive y rectifique sus decisiones en materia de inmigración” ya que “no favorece” a estas personas, “genera efecto llamada, y no frena el negocio de las mafias internacionales”, señaló.

Destacó “el caos de las fronteras y la saturación de los centros de atención”, como motivos fundamentales para reclamar “la intervención urgente de los responsables políticos” y añadió: “Ante la parálisis del Gobierno central, es preciso que las comunidades autónomas demos un paso al frente para encontrar soluciones”. Por ello, el departamento que dirige ha elaborado un documento que comprende medidas paliativas frente a la entrada descontrolada de las personas que abandonan sus países de forma ilegal. Una iniciativa que respalda la teoría de la consellera, que considera “inexistente” la política de inmigración del Gobierno.

En este sentido, la Generalitat planteará, entre otras propuestas, que se realicen campañas informativas en los países de origen de los inmigrantes, principalmente subsaharianos, para “desactivar el efecto llamada” e informar de las posibilidades reales de España.

Mientras, hasta las costas canarias siguen arribando decenas de inmigrantes. En el día de ayer, el archipiélago recibió a 185 irregulares. 90 de los subsaharianos llegados a España serán trasladados hoy a Barcelona y Madrid.

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