La tragedia de los cayucos que diariamente llegan hasta las costas de las Islas Canarias no cesa. Antes al contrario, va en aumento, desplazando sus puntos de partida (los últimos, localizados en Senegal) cuando la presión policial auspiciada por los países receptores obliga a los de origen a tomar cartas en el asunto.


El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha visto superado por la magnitud del problema. El Ejecutivo canario viene denunciando desde hace meses la insostenible saturación de los centros de acogida, una llamada de auxilio que no ha recibido respuesta satisfactoria desde Madrid. Así las cosas, se ha intensificado el envío de inmigrantes a diversas ciudades –como Valencia– que en las últimas semanas ha ido en aumento, lo que ha motivado la reacción de las comunidades autónomas afectadas. Primero fue la Valenciana, que denunció una maniobra para trasladar a las regiones gobernadas por el PP al mayor contingente de extranjeros. Pero el martes se sumó a la protesta Cataluña, bajo control socialista.


Ni el actual Gobierno ni el anterior han sabido qué hacer y cómo afrontar el problema de la inmigración, un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales y afecta a toda la Unión Europea, pero que en España, puerta de entrada de África, adquiere una mayor relevancia. No obstante, si bien es cierto que ni antes ni ahora ha habido una política clara, la situación se ha agravado a partir de la masiva regularización que emprendió el ministro Caldera, y a la que Bruselas se oponía. No es extraño, por tanto, que ahora las instituciones europeas muestren poco entusiasmo en ayudar al Ejecutivo español.


Trasladar los inmigrantes ilegales de un sitio a otro es un parche que no puede tapar la inmensa brecha. El derecho de todo ser humano a viajar en busca de un destino mejor que el que le espera en su país debe acoplarse a una necesaria regulación de la llegada de extranjeros, que impida situaciones como las que estamos viviendo. El inmigrante que llega sin trabajo acaba, normalmente, viviendo en la marginalidad y esto, a la larga, puede ser una bomba de relojería en una sociedad, como la española, que, afortunadamente, no ha mostrado hasta la fecha signos preocupantes de xenofobia, más allá de algunos sucesos lamentables mayoritariamente condenados. Es la hora de que el Gobierno atienda la reivindicación de las comunidades, encabezadas por la Valenciana, y convoque una reunión que intente abordar un problema que se le ha ido de las manos.