LUIS IGNACIO PARADA/
Consiste en repartir por las 17 comunidades autónomas los inmigrantes que llegan de forma masiva a Canarias y esperar que cada Gobierno regional se las arregle. Dice la secretaria de Estado de Inmigración que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por las Cortes en el año 2002, cuando gobernaba el PP, y que el Gobierno actual cumple por lo tanto con un mandato parlamentario. Pero la realidad no parece concordar con sus palabras. Primero, porque aquella resolución fue sólo para la puesta en marcha de un Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, a cuyo propósito se constituyó una Subcomisión en el Congreso que nunca llegó a desarrollar aquel proyecto. Segundo, porque lo que puede invocarse es el protocolo y los convenios de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y algunas comunidades sobre inmigrantes que no se pueden repatriar por desconocerse sus países de origen. Tercero, porque los inmigrantes están siendo trasladados en forma masiva a comunidades en las que gobierna el PP y sólo con cuentagotas a las gobernadas por el PSOE u otras fuerzas políticas. Cuarto, porque no se transfieren a los centros de internamiento que, por cierto, sólo existen en Madrid, Valencia o Málaga, donde gobiernan los populares, sino que se abandonan, como ocurre en la capital, con un billete de metro, un bocadillo, una botella de agua y un papel en el que figura la dirección de una ONG para que se busquen la vida.


Por eso la Generalitat de Cataluña protestó ayer por el envío a Barcelona, el lunes, sin aviso ni garantía de tutela, de 50 inmigrantes africanos procedentes de Canarias. Y por eso mismo los Gobiernos de Murcia, Valencia y Madrid han pedido una entrevista urgente al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para coordinar la actuación de las Administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares. Esta es la política de inmigración que existe en estos momentos.