LV / EFE/MURCIA / MADRID
Los gobiernos de Murcia, Valencia y Madrid han pedido una entrevista «urgente» al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España.

Así lo puso de manifiesto ayer el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien calificó de «drama humanitario» la situación generada con la llegada masiva de subsaharianos a las costas canarias y su posterior traslado a la península.

Esta reacción política responde a la polémica surgida ayer tras criticar la consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio, al haberse enterado «casualmente» de la llegada de otro vuelo a San Javier con 40 extranjeros procedentes de Canarias a través de un fax del Ministerio del Interior enviado por error.

Valcárcel consideró muy necesario que se celebre ese encuentro con Caldera lo antes posible porque, según subrayó,en el caso concreto del Ejecutivo de Murcia el ánimo es de «cooperación». «Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra y hacer causa política, pero estamos ante un problema humanitario y lo vamos a abordar desde la cooperación», aseguró el presidente, quien reprochó además al ministro Caldera que «sea el gran desaparecido». Criticó la forma en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está gestionando los traslados desde Canarias al resto de autonomías, y dijo que el «sectarismo llega a tales extremos que envían más a regiones gobernadas por el PP».

Fernando de la Cierva, portavoz del Gobierno regional, le recordó al delegado del Gobierno que se comprometió a guardar una «pausa» en el envío de subsaharianos. Las comunidades autónomas dicen haber recibido casi dos tercios de los más de 18.000 inmigrantes irregulares que llegaron a Canarias en lo que va de año, según datos recabados por los distintos gobiernos autonómicos.

El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, puntualizó que estos subsaharianos «no son de Canarias, sino personas que llegan a España a través de las islas», y agregó que se trata de una competencia estatal, en tanto que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó que la distribución territorial fue aprobada por las Cortes en el 2002 y que el Gobierno actual cumple con un mandato parlamentario. El Gobierno de la Nación también respondió que no va a polemizar y explicó que no todas las regiones tienen centros de internamiento para acoger a los inmigrantes.