P. Moreno
Madrid – Con silencio. Así es como el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha reaccionado a la recién abierta crisis institucional en torno
al reparto de los inmigrantes en la Península. Si el pasado martes las
autonomías afectadas por esta medida daban un paso al frente y decían
basta, ayer volvieron a avanzar por esa línea y exigieron una reunión
«urgente» con el Ejecutivo para abordar la situación de desbordamiento y
caos en el que está sumida el país ante la avalancha de cayucos en
Canarias.
En concreto, los gobiernos de Madrid, Murcia y Comunidad
Valenciana han pedido una entrevista inmediata con el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para coordinar la actuación de las
administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes
irregulares que llegan a España en vista de la desorganización y los
continuos errores de comunicación que existen entre las instituciones.
Esta situación «insostenible» como la califican los ejecutivos de las
comunidades afectadas, ha desencadenado al mismo tiempo un enfrentamiento
entre las distintas regiones. Ayer, el portavoz del Gobierno canario,
Miguel Becerra, replicaba a las quejas de las autonomías receptoras de
«sin papeles» que «los inmigrantes no son de Canarias», sino personas que
llegan a España a través de las islas. «Entran por aquí pero no son de
aquí».
Con este percal, ningún miembro del gabinete de
Zapatero ha respondido a la demanda de las comunidades el PP,. ni a las
denuncias de oscurantismo y falsedad en las cifras que la delegación de
Gobierno ofrece a comunidades.
A última hora de la tarde, Caldera
reapareció en la inauguración de la Feria y Fiestas del municipio
valenciano de Requena, allí, admitió errores puntuales en los traslados,
como por ejemplo el ocurrido en Cataluña aunque explicó que las autonomías
son conscientes de los traslados. De la reunión con las comunidades del
PP, no dijo nada.
Datos contradictorios
Mientras, el Gobierno de Canarias convocó ayer la tercera reunión del
gabinete de crisis constituido con motivo de la situación generada por la
llegada de cayucos por tercer jueves consecutivo, continúa el goteo de
inmigrantes en las islas, los centros de internamiento están saturados, la
Policía se queja de los horarios abusivos que tienen que realizar para
trasladar a los «sin papeles», y el Gobierno no responde.
Quizá sea el silencio lo que enfurece a las comunidades receptoras, de
hecho ayer, la Consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía
Figar, denunció que de los 11.000 inmigrantes que han trasladado de
Canarias a la Península, 6.500 han llegado a Madrid y que su Consejería
sólo ha recibido información de la llegada de 2.800.
Descompensación
Por ello, Figar reclama al
Ejecutivo más información y un reparto más equilibrado de los inmigrantes.
Figar dijo que desde que comenzó el año hasta la fecha, han llegado a
Madrid un total de 6.500 inmigrantes trasladados desde las islas. Los
últimos datos reflejan que el pasado martes llegaron 104 y sólo se informó
mediante un fax de la Delegación de Gobierno, de la llegada de 20 y ayer
llegaron otros cien en un vuelo, de los que sólo se ha comunicado la
llegada de 70. En cambio, Andalucía, la única comunidad «receptora» que no
se ha quejado, admitió ayer que en los últimos días tan sólo ha recibido
56 «sin papeles».
En Cataluña, la polémica por el envío de
un contingente desde Las Palmas a Barcelona en avión al parecer, sin
previo aviso, ha motivado la apertura de una investigación por el Sindic
de Greuges (Defensor del Pueblo), que pretende no sólo conocer lo sucedido
sino saber «cómo se efectúan estos traslados generalmente» y concluir si
se necesita una «revisión de los protocolos» que rigen dichas actuaciones
«para que no vuelvan a suceder estos hechos».
El delegado
critica a la Policía
Hasta tal punto se ha llegado, que el
propio delegado en funciones de Gobierno en Cataluña, Eduard Planells,
puso en evidencia los protocolos que el Ejecutivo central utiliza para
repartir inmigrantes en este caso, al afirmar que no recibieron la
comunicación de la llegada de los 50 inmigrantes y ése fue el problema. En
declaraciones a la Cadena SER, Planells explicó la policía les avisó
«prácticamente cuando ya estaban aquí y entonces no se lo pudimos avisar
nosotros al ayuntamiento ni a la Generalitat, que es lo que hacemos
habitualmente».
Esta brecha abierta en Cataluña y ante la
proximidad de las elecciones ha desatado una avalancha de reacciones y
declaraciones. Así, el portavoz de CiU, reclamó a la Generalitat que «se
imponga» ante el Ejecutivo Central. ERC aprovechó la polémica en cambio,
para pedir las competencias en inmigración que no consiguieron en con el
Estatut. Cada uno a lo suyo.
Las protestas de las comunidades no han
desanimado a la Xunta de Galicia, que ayer dijo estar dispuesta a
incrementar, con carácter excepcional, las 21 plazas acordadas con el
Gobierno para acoger a más inmigrantes procedentes de Canarias.