LUZ DERQUI / A. G.

MADRID/VALENCIA/BARCELONA.El cruce de acusaciones y desmentidos entre el Gobierno y varias comunidades autónomas a cuenta de los traslados de subsaharianos desde Canarias a la Península se avivó ayer con datos pormenorizados de los inmigrantes que ha recibido cada una. Las quejas de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla – León se sumaron a las de la Generalitat de Cataluña, cuya Delegación del Gobierno insistió en que se enteraron de que el pasado lunes llegaban cincuenta «sin papeles» por aviso de la Policía, y «prácticamente cuando ya estaban allí».

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera – a quien el PP acusa de estar desaparecido – , reconoció ayer que hubo un error de «coordinación» con Cataluña y, al igual que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró que se pondrán en marcha «todos los mecanismos» para que no se produzcan errores que empañen el «buen resultado» de los traspasos, informa Ep. No obstante, defendieron el plan de traslados, activo desde 2005.

Sus explicaciones, vía medios de comunicación, no han convencido a las regiones afectadas, tres de las cuales – Valencia, Murcia y Madrid – han pedido una entrevista «urgente» al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para coordinar las derivaciones, así como la reunión de inmediato del Consejo Superior de Políticas de Inmigración.

La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, quien reclama al Gobierno «más información» y un reparto más equilibrado de los «sin papeles», señaló que de los 11.000 inmigrantes que han sido trasladados a la Península, 6.500 lo han sido a Madrid. Sin embargo, la Consejería sólo había recibido aviso de que llegarían 2.800.

Según los últimos datos en poder de Figar, el martes fueron trasladados a Madrid 104 subsaharianos mientras que en la comunicación por fax remitida por la Delegación del Gobierno sólo se hacía mención de 20. Ayer mismo, aterrizaron en la capital de España otro centenar y, según la información oficial, sólo se esperaba a setenta.

Lucía Figar explicó que el desfase en las cifras se produce porque el Gobierno sólo informa a su departamento del número de inmigrantes que son puestos en manos de las ONG que operan en la Comunidad de Madrid. Ningún dato se facilita, sin embargo, de los que van a parar a los centros de internamiento dependientes del Ministerio del Interior.

Política «ineficaz y permisiva»

Desactivar la actual política de inmigración «ineficaz y permisiva, que no favorece a los inmigrantes, genera efecto llamada y no frena el negocio de las mafias internacionales», se ha convertido también en uno de los principales objetivos de la Generalitat valenciana. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, justificó esta iniciativa afirmando que el Gobierno valenciano no va a quedarse de brazos cruzados ante el drama humano de la inmigración irregular».

Entre las medidas que propone, destaca un plan que incluya el control efectivo de fronteras, las acciones informativas en los países de origen con el fin de contrarrestar las falsas promesas de las mafias internacionales, y la mejora de la coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central. Asimismo, proponen agilizar las repatriaciones y fomentar los retornos voluntarios, además de favorecer el inmediato regreso de los menores no acompañados de sus familias.

Pero no fue la única medida iniciada ayer en la Comunidad Valenciana, ya que el presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Víctor Campos, remitió una carta a José Luis Rodríguez Zapatero en la que exige una reunión urgente entre Gobierno central, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En la carta se recuerda el impacto que tiene la considerable masa de inmigrantes, tanto legales como ilegales, que están llegando a la Comunidad Valenciana, en especial en la política asistencial, sanitaria y educativa, y señala que es necesaria una política de Estado «elaborada, debatida y, a poder ser, consensuada por todas las administraciones públicas implicadas».

En lo que va de año, la Comunidad Valenciana ha recibido a un total de 1.220 inmigrantes en situación irregular que habían llegado a Canarias, Ceuta o Melilla. El último envío fue el pasado día 18, cuando llegaron 43 inmigrantes procedentes del archipiélago canario. Estas cifras contrastan claramente con los 172 ilegales que llegaron a la Comunidad durante todo 2005.

¿Derecho a voto o a vivir dignamente?

CiU señalaba ayer la polémica como prueba del «desgobierno que sufre Cataluña». En un comunicado, su portavoz parlamentario Felip Puig trazó un paralelismo entre el caos vivido en El Prat y el traslado por sorpresa de sub – saharianos: «O la palabra diálogo no entra en el diccionario socialista o la subordinación del Ejecutivo catalán al PSOE es tan grande que, ante casos de descontrol del Gobierno, no hacen nada hasta que los medios de comunicación los tienen acorralados». Para la formación nacionalista, el episodio de los inmigrantes y la propuesta para que puedan votar en las municipales son caras de un mismo prisma: «¿Y los derechos básicos de estos inmigrantes? ¿Es más importante su derecho a voto o su derecho a vivir dignamente?».

Desde ERC, su secretario general, Joan Puigcercós, apoyó a la Generalitat en sus quejas e instó al resto de formaciones a hacer un frente común para recuperar competencias en inmigración que cayeron del texto estatutario durante su tramitación.

Por otra parte, el Síndic de Greuges – Defensor del pueblo catalán – ha abierto una investigación sobre las circunstancias del traslado de africanos de Canarias a Barcelona ante «la gravedad» de los hechos ocurridos.
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