Desde el inicio de su guerra genocida contra Gaza en octubre del año pasado, Benjamín Netanyahu ha cruzado varias líneas rojas. Haciendo de la población civil, de hecho, su principal objetivo militar. Ahora la puntería está puesta sobre Naciones Unidas, en concreto contra la UNRWA, la agencia de la ONU para la población palestina refugiada en Oriente Próximo.

Esta agencia fue creada en 1949 por la Asamblea General de la ONU para dar ayuda humanitaria a los refugiados de Palestina. Desde hace siete décadas, UNRWA es la entidad encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina, acogidos básicamente en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 (franja de Gaza y Cisjordania). Refugiados que están a la espera de una solución justa y definitiva frente a una prolongada situación tan difícil como discriminatoria e injusta.

Con la persistente ofensiva militar israelí desde octubre del año pasado, la situación socioeconómica en la franja de Gaza se ha visto severamente afectada. La mayor parte de la población atraviesa graves dificultades, hasta el punto de que el 80% depende totalmente de la ayuda humanitaria desde la UNRWA para sobrevivir. En condiciones extremas viven los más de 2 millones de habitantes de la bombardeada franja de Gaza, de los cuales 1,7 millones son refugiados y refugiadas de Palestina.

Otra línea roja
Ahora Netanyahu y su gente en el legislativo israelí están cruzando otra línea roja: desafiar frontalmente a las propias Naciones Unidas. A la par, se agudiza la crisis en las alturas entre los “halcones” en el Gobierno: severas tensiones entre Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, también miembro de la Knesset, el parlamento israelí.

El 22 de julio, la Knesset dio su aprobación preliminar a un proyecto de ley que declara “organización terrorista” a la UNRWA que presta ayuda humanitaria a una comunidad de 5,9 millones de personas, casi la cuarta parte del total de la población refugiada del mundo. Es una decisión sin precedentes que jamás había sido adoptada por un Estado contra la ONU en sus casi 80 años de existencia.

Ni las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), supremo órgano judicial de las Naciones Unidas, para poner fin a su “plausible” genocidio en Gaza, ni la condenatoria opinión consultiva del mismo tribunal que le ordenaba poner fin a su ocupación ilegal de Palestina y a sus políticas de apartheid contra los palestinos dieron tregua al Gobierno de Netanyahu. La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de dictar órdenes de detención contra él, así como contra su ministro de Defensa Yoav Gallant, tampoco pudieron ejecutarse.

De hecho, ni siquiera el cúmulo de críticas de algunos de sus aliados occidentales está haciendo que Netanyahu se replantee esa política asesina de apartheid y genocidio.

Esta última medida sigue a la maniobra del pasado enero que funcionó, al menos inicialmente, en la que Israel acusó a 12 trabajadores de la UNRWA de haber participado en el atentado del 7 de octubre de Hamás y otros grupos palestinos contra ella y alegó connivencia generalizada entre la agencia de la ONU y Hamás.

La ONU: “terrorista”
El Gobierno de Netanyahu acusó de “terroristas” o “facilitadores” del terrorismo, sin ninguna prueba, a varios miembros de la agencia. En medio de la vorágine de la tensión bélica, el Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, despidieron apresurada y crédulamente a todos los funcionarios de la ONU nombrados por el Gobierno de Netanyahu.

“Disparar” a brazos ejecutores de la ONU no es algo nuevo, pues la UNRWA está bajo ataque de Israel desde hace meses. Al parecer, la decisión animó a algunos donantes occidentales a suspender su financiación de la agencia humanitaria, que cuenta con unos 30.000 empleados y a la que la Asamblea General ha encomendado la prestación de servicios esenciales a millones de refugiados palestinos.

Sin embargo, en abril de 2024, una revisión independiente de las acusaciones contra la UNRWA, encargada por Guterres y dirigida por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna, concluyó que las acusaciones generales desde Israel sobre la supuesta connivencia entre Hamás y la UNRWA no estaban probadas. Hasta la fecha no se ha aportado ninguna prueba que implique a los 12 miembros del personal de UNRWA acusados.

En consecuencia, los países donantes, entre ellos Alemania, Italia, Australia y Canadá, comenzaron gradualmente a reanudar su necesaria financiación en un contexto de crecientes y acuciantes necesidades humanitarias en Gaza. El 19 de julio, al anunciar la reanudación de su financiación, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, declaró: “La ayuda humanitaria es una necesidad moral ante tal catástrofe […] UNRWA es absolutamente fundamental para estos esfuerzos. Ninguna otra agencia puede prestar ayuda a la escala necesaria”.

Pero ni siquiera estas declaraciones de aliados incondicionales han persuadido al gobierno de Netanyahu a dejar de atacar a la agencia de la ONU.

Ataque sin precedentes a la ONU
Se convierta o no en ley, lo que está en la agenda del Knesset de calificar a la UNRWA como organización “terrorista” es un ataque sin precedentes contra la propia ONU, ya que la agencia de refugiados fue creada en 1949 por la máxima autoridad de la organización, la Asamblea General.

Si se convierte en ley, la designación de “terrorista”, daría una cobertura legal interna (aunque en violación del derecho internacional) para que el régimen israelí ataque al personal y la infraestructura de la UNRWA. Como ya lo ha hecho dando muerte a al menos a 205 trabajadores humanitarios asesinados por las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

Esta vez lo podría hacer sin tener que tratar de justificarse o alegar que la matanza del personal de la UNRWA fueron “errores trágicos” cada vez que se enfrenta a las críticas de sus aliados.

Necesaria reacción
Si se declara oficialmente a la UNRWA “organización terrorista” en virtud de su legislación nacional, para Israel eliminar a los 30.000 empleados de la UNRWA, incluido, presumiblemente, su jefe Philippe Lazzarini, se convertiría no sólo en un “derecho” sino hasta en un “deber”.

En abril, Lazzarini había sido claro ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Hoy está en marcha una insidiosa campaña para acabar con las operaciones de la UNRWA, con graves implicaciones para la paz y la seguridad internacionales”. “Campaña”, pues, que es parte de un proceso que sigue en marcha. El secretario general y el Consejo de Seguridad deberían reaccionar con firmeza y sin complejos.

Una vez que comiencen los ataques contra el personal y las instalaciones de la ONU en virtud de la anunciada legislación israelí, se podría abrir la compuerta de la represión y el asesinato en masa del personal de la ONU. Dando paso inevitable a la opción de considerar tomar las “medidas” a que se refiere el artículo 6 de la Carta de la ONU: “Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado persistentemente los principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

El secretario general Guterres podría tomar la iniciativa de persuadir al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de que el hecho de que un Estado miembro le declare a él y a su personal “terroristas” sería inaceptable. Ante esta perspectiva, correspondería que la ONU reaccione enérgicamente. Son circunstancias y amenazas graves que, a juicio de varios analistas, apuntarían a que la ONU considerase tomar medidas fuertes contra el régimen de Netanyahu.