COLPISA | MURCIA/MADRID

Madrid, Murcia y Valencia, las tres comunidades autónomas gobernadas por el PP a las que se han derivado buena parte de los inmigrantes llegados Canarias de forma ilegal, han reclamado hoy una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que el ánimo que mueve a los ejecutivos regionales es meramente cooperativo. Se trataría, dijo, de coordinar la actuación de las distintas administraciones para dar un mejor respuesta a lo que calificó de “drama humanitario”. El Gobierno no ha respondido aún a la petición, pero la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha defendido el “buen resultado” del ‘plan de traslado’ y ha asegurado que si ha habido fallos de coordinación se pondrán en marcha todos los mecanismos para corregirlos.

Las comunidades del PP, y también la ‘Generalitat’ de Cataluña, han hecho público en los últimos días su malestar ante el modo en el que el Ejecutivo está llevando a cabo el envío de inmigrantes a la península. Rumí recordó que el procedimiento se viene aplicando desde 2005 en cumplimiento de un mandato del Parlamento que instaba al Gobierno a realizar una distribución solidaria de los inmigrantes en todo el territorio nacional. “Se hace – dijo en la Ser – con información, recursos y con una red de acogida; todo ello financiado por el Gobierno de España”. La oposición, y el gobierno de Pasqual Maragall, aseguran sin embargo que en casos recientes los desembarcos organizados por la Administración central se han llevado a cabo “sin previo aviso”.

En cualquier caso, Rumí no se mostró muy partidaria de atender la petición de los ‘populares’. Para empezar, porque recela de sus intenciones. El hecho de que hayan protestado porque en el último año el Gobierno ha trasladado la mayor parte de los inmigrantes indocumentados a sus ‘feudos’ – la Comunidad de Madrid asegura que recibe al 65% – inclinó hoy a la secretaria de Estado a pensar que su único deseo es “volver a utilizar la inmigración desde un punto de vista partidista”. Así, aseguró que las autonomías ya participan del proceso a través de dos órganos creados ‘ad hoc’: la comisión mixta de traslado, en la que participan el Ministerio de Trabajo, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y la Conferencia Gestorial de Inmigración.

La propuesta del PP, no obstante, no se limitaría, según el vicepresidente del Consell valenciano, Víctor Campos, a un encuentro con Caldera. Lo que se pretende es un reunión que, además de las comunidades autónomas incluya a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Queremos abordar soluciones a la inmigración ilegal analizándola desde una perspectiva integral”, defendió en un comunicado al Gobierno. Según Campos, la Generalitat valenciana está “plenamente comprometida con la atención e integración de los inmigrantes” pero su deseo es “atender a estas personas con la dignidad que se merecen”. Para ello, señaló, hay que “poner coto” porque “sólo así podremos garantizar servicios sanitarios, educativos, laborales y sociales dignos a quien llegue a nuestra comunidad a labrarse un futuro”.