À. G.

BARCELONA. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tiene previsto viajar a Senegal en la segunda quincena de septiembre para conocer de primera mano las causas de la crisis migratoria e intentar abordar sus posibles soluciones. Programado con anterioridad al episodio de tensión que se vive entre la Generalitat y el Gobierno a raíz del envío a Cataluña, «sin previo aviso», de una cincuentena de inmigrantes procedentes de las Canarias, el viaje de Maragall coincidirá con las semanas previas a las elecciones autonómicas, previstas para el 1 de noviembre.

En un ambiente de escalada electoral, el asunto de la inmigración, al igual que la crisis del Aeropuerto de El Prat, se ha convertido en elemento de enfrentamiento, el arma con el que los partidos nacionalistas tratan de sacar a relucir la supuesta «subordinación» del PSC al PSOE. Maragall, en todo caso, tendrá ocasión de meter cuchara en un asunto clave de la política exterior española, una de las pocas materias reservadas de forma exclusiva al Gobierno.

Proyección internacional

Aunque la agenda del viaje de Maragall a África todavía no está cerrada, sí se conoce, según informa Efe, que hará una escala previa en las Canarias, archipiélago desde el que, según ha explicado el gobierno catalán, han sido trasladados a esta comunidad más de 700 sin papeles en lo que va de año.

Al igual que su antecesor Jordi Pujol, Maragall ha cultivado la proyección internacional de Cataluña desde su cargo como presidente autonómico, y antes como alcalde olímpico, una vocación que le ha acarreado más de un disgusto – como el episodio de la corona de espinas en Jerusalén – , pero en la que tradicionalmente, quizás por el hecho de alejarse del día a día de la política, se siente especialmente a gusto.

«Subordinación»

Por otra parte, el Síndic de Greuges – defensor del pueblo catalán – ha abierto una investigación sobre el traslado subsaharianos de Canarias a Barcelona sin que le constara a la Generalitat y sin la tutela de las ONG. El «síndic» actúa de oficio ante «la gravedad» de los hechos e investigará si es necesario revisar un protocolo de traslado que deja a los «inmigrantes desprotegidos».
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