La tormenta política del verano ha llegado al Congreso de la mano de CiU, el PP y algunas comunidades autónomas populares. Pero sus imprevisibles efectos pueden ser incluso internacionales, y no solo respecto a África. Mientras todos los ojos están puestos en los cayucos que llegan a Canarias, en una proposición no de ley presentada ayer por Josep Antoni Duran Lleida pidiendo crear con urgencia una comisión para “encauzar el grave problema de la inmigración”, el líder de CiU en el Congreso insta al Gobierno a blindar la frontera con Francia. El objetivo: “Impedir al máximo que los inmigrantes ilegales que sean objeto de expulsión por parte del Gobierno francés entren en territorio español”.
La proposición de CiU, acompañada de una carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, formaliza la propuesta de pacto de Estado sobre inmigración lanzada por Duran el pasado lunes en Sants. Fue entonces cuando el líder democristiano ya insinuó medidas contra la anunciada expulsión por Francia de 25.000 familias de inmigrantes. “El Tratado de Schengen dificulta cerrar la frontera, pero algo habrá que hacer para que no entren”, respondió Duran a la pregunta directa de si proponía bloquear una frontera europea.
Con todo, y tras insistir en el preámbulo de su proposición no de ley en el espantajo francés, en la polémica sobre el derecho al voto de los extranjeros no comunitarios y en la “alarma social” creada por el traslado de subsaharianos desde Canarias a ciudades de la Península, CiU pide un “debate sereno”. Por ello, y al margen de la comparecencia urgente del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, solicitada por el PP y que la Diputación Permanente estudiará la próxima semana, CiU propone un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Con el denominado Pacto de Toledo sobre pensiones como referente, CiU propone que la comisión del Congreso la integren todos los grupos parlamentarios, altos representantes de los ministerios de Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, asociaciones de municipios y las comunidades autónomas más afectadas.

EL HACHA DE GUERRA
Tres de ellas, Murcia, Valencia y Madrid, todas gobernadas por el PP, pidieron ayer una reunión urgente a Caldera para afrontar lo que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, calificó de “drama humanitario”. “Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra”, amenazó. También CiU, por boca de su portavoz Felip Puig, exigió que la Generalitat “se imponga” al Gobierno ante el traslado de subsaharianos a Barcelona.
Mientras, SOS Racismo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidieron “responsabilidad” a los partidos, que “eviten crear alarma social” y dejen de manipular la tragedia de los inmigrantes.