El traslado de inmigrantes desde los centros de acogida de las Canarias a la Península es una operación que diseñó y puso en marcha el PP cuando gobernaba. Así se lo recordaron ayer a PP y CiU la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y la consellera de Benestar i Família, Carme Figueras. No revelaron ningún gran secreto. Barcelona sufrió entre el verano del 2000 y el del 2001 una agria crisis política y social como consecuencia de esa fórmula inventada por José María Aznar.
Programa operativo de actuación con los inmigrantes subsaharianos. Así fue bautizado el proyecto redactado de común acuerdo en junio del 2000 entre el Gobierno del PP y el de la Comunidad Canaria para trasladar inmigrantes a la Península. El presupuesto previsto para la operación era de 500 millones de pesetas.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, esta última entonces en poder de CiU, descubrieron las consecuencias de la aplicación del plan aquel mismo verano. En los bancos de la barcelonesa plaza de Catalunya comenzaron a vivir decenas de subsaharianos. La polémica ocasionada creció mes tras mes, pero no impidió que el centro de la ciudad fuera su casa todo un año.
Llegaron a bordo de un avión militar a Barcelona y en sus calles fueron soltados con un documento en el bolsillo en el que se les informaba que oficialmente eran expulsados del país. Todo un contrasentido, pero así era. “Estuve seis días en los cuarteles de la policía y luego me dejaron ir. No me dieron nada. No me solucionaron nada. Simplemente, un día me dijeron que me podía ir”, contó en agosto del 2000 uno de los afectados.

“ID A BARCELONA”
Tanto duró aquella estrambótica situación que fue posible conocer interesantes detalles del proceso. A muchos de los inmigrantes trasladados desde las Canarias se les daba a elegir a qué comunidad autónoma querían ir. “Id a Barcelona, que allí hay trabajo y dan papeles”, les decían en los centros de internamiento de las Canarias, según relató alguno de los afectados.
Otra de las singularidades de aquella controversia fue que el Gobierno central, responsable de los traslados, respondió, cuando la crisis ya estaba abierta, que el caso era competencia desde ese instante de los ayuntamientos y de la Generalitat, administraciones competentes en materia de servicios sociales. Dicho de otro modo, tres administraciones de tres colores políticos distintos se enzarzaron en una disputa a cuenta de los inmigrantes.
Aquel accidentado plan de reparto de inmigrantes llegados a las Canarias fue convertido en doctrina oficial en el 2002. El Parlamento español aprobó esa solución al conflicto como método a seguir a partir de entonces. Se lo recordó ayer Rumí al PP, y por ello denunció la “desfachatez” de los populares, y lo destacó también Carme Figueras, quien calificó de “excepcional” que el Ejecutivo central no haya informado del último traslado. El PP no informaba “de forma sistemática”, añadió la consellera socialista.