madrid. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó ayer, ante las criticas vertidas por las CCAA del PP, que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por las Cortes en 2002, y que por lo tanto el Gobierno cumple con un mandato parlamentario.

Paralelamente, los Gobiernos de Murcia, Valencia y Madrid pedían una entrevista “urgente” al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para coordinar la actuación de las administraciones central y autonómicas en la asistencia a los inmigrantes irregulares que llegan a España.

Las comunidades autónomas dicen haber recibido casi dos tercios de los más de 18.000 inmigrantes irregulares llegados a Canarias este año, según datos recabados de los distintos gobiernos autonómicos. Así Madrid informó que desde enero ha recibido 6.500 inmigrantes; Valencia 1.220; Murcia 836 y Cataluña 750.

Esta situación ha provocado malestar en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Valenciana, Madrid o Murcia, así como en Cataluña. “El sectarismo del Gobierno llega a tales extremos que envían más inmigrantes a regiones gobernadas por el PP”, afirmó el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

el gobierno evita la polémica El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, puntualizó que estos inmigrantes “no son de Canarias, sino personas que llegan a España a través de las islas” y agregó que se trata de una competencia estatal.

El Gobierno también respondió que no va a polemizar con las comunidades autónomas y explicó que no todas las regiones tienen centros de internamiento para acogerlos.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por las Cortes en el año 2002, cuando gobernaba el PP, y que el Gobierno actual cumple por lo tanto con un mandato parlamentario. Además, añadió que, a diferencia del anterior periodo legislativo, es ahora cuando sí se informa a las CCAA, a través de las Delegaciones del Gobierno, de la llegada de los inmigrantes a sus territorios, “cosa que antes no se hacía”. “Que miren – dijo – cómo llevaban a cabo ellos esta distribución, con total ocultismo”.

El Ejecutivo canario reiteró al Gobierno su petición de una “solución negociada” para abordar la llegada de menores no acompañados a bordo de pateras que podría pasar por aplicarles la Ley de Extranjería y no la del Menor, lo que permitiría su reagrupación familiar.

En Barcelona, el Síndic de Greuges – figura equivalente al Defensor del Pueblo – ha abierto una investigación sobre las circunstancias del traslado de medio centenar de subsaharianos de Canarias a Cataluña. Para CIU el traslado sin previo aviso es otra prueba de la “subordinación del gobierno catalán al del PSOE”.

incomparecencia El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que las comunidades “conocen los traslados de inmigrantes de Canarias a la península”, aunque admitió que no se avisó a Cataluña debido a “un error de coordinación”.

Para la portavoz de Política Social del PP, Ana Pastor, el Gobierno “no da la cara en inmigración”. Pastor dijo que éste es el problema “más importante” que tienen que atender los políticos en este momento, y calificó de “desaparecido” a Caldera por no comparecer en las Cortes. >efe