EL CORREO/ALICANTE
Las sospechas de brutalidad vuelven a salpicar a un cuerpo local de seguridad. Diez agentes y el jefe de la Policía Municipal de Torrevieja han sido detenidos como presuntos autores de un delito de torturas. Además, según algunas fuentes cercanas al caso, se les acusa también de falsificación de documentos públicos y omisión del deber de perseguir delitos. La actuación judicial se ha precipitado tras la denuncias presentada por un ciudadano argelino que fue arrestado por un robo en el domicilio de uno de los funcionarios.

Este hombre fue sorprendido hace dos meses cuando presuntamente trataba de robar junto a una compatriota en casa de un agente. Después de un cacheo, fue conducido a comisaría, donde supuestamente tuvieron lugar los malos tratos y vejaciones que denunció después. Según fuentes de la investigación, los golpes recibidos le dejaron con tres costillas fracturadas y le provocaron la rotura del bazo, que le tuvo que ser extirpado quirúrgicamente. No obstante, las pesquisas arrancaron ya hace tiempo y no se refieren sólo a ese caso, puesto que había denuncias anteriores por malos tratos e incluso por actuaciones corruptas de extorsión a comerciantes. Precisamente uno de estos comerciantes, de nacionalidad argentina, Carlos Aníbal Álvarez, se acercó ayer a los juzgados al conocer la noticia de las detenciones para tratar de denunciar que hace siete años fue agredido por un policía municipal en presencia de otros funcionarios.

El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad alicantina ha reclamado las cintas de vídeo de las dependencias policiales, para buscar en las grabaciones indicios que permitan avanzar en la investigación y, al parecer, ha dado con elementos probatorios.

Hermanos del jefe

La titular del juzgado, Juana López, ordenó el martes el arresto de siete agentes locales, entre los que figuraba el jefe del cuerpo y presidente de la asociación provincial de mandos de la guardia urbana, Alejandro Morer, y dos hermanos suyos que también forman parte de la guardia urbana. Durante la jornada de ayer, el instituto armado detuvo a otros cuatro funcionarios, a quienes se imputan los mismos delitos. Los sospechosos que ya han comparecido ante la magistrada – al menos ocho – han quedado en libertad con cargos.

En realidad, han pasado por la sede judicial 17 agentes, si bien varios lo han hecho en calidad de testigos. Los interrogatorios seguirán en los próximos días y podrían ampliarse hasta 42 efectivos. El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha asumido de forma provisional la acusación pública al encontrarse de vacaciones el fiscal jefe titular.

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), aseguró ayer que no sabe «nada» acerca de estas detenciones. Preguntado sobre el tema durante una visita oficial a las obras de un hospital, el regidor eludió hacer más comentarios. Un portavoz del Consistorio apuntó que Hernández Mateo no realizará ninguna valoración hasta conocer con exactitud los cargos que se atribuyen a los agentes.

El secretario de organización del Sindicato Profesional de la Policía Local en Alicante, al que pertenecen varios de los imputados, criticó la manera en que la juez está llevando el caso: «Están llamando a declarar a policías, los citan en el cuartel sin abogado y sin decirles si van como imputados o como testigos y luego pasan a ser detenidos», censuró Juan Antonio García Alcolea. La agrupación laboral estudia posibles acciones judiciales y ha recordado al Ayuntamiento que «está obligado a poner un abogado» para que asista a los funcionarios en los interrogatorios.

Paliza a un ambulante

La oposición ha tardado menos que el alcalde en reaccionar a la noticia. Todos los grupos han exigido al regidor que les informe y estudian solicitar una comisión de investigación. El socialista Ángel Giménez demandó al alcalde la convocatoria inmediata de la junta de portavoces para que explique «qué sabe y las medidas que va a adoptar».

Por su parte, los portavoces de Esquerra Unida y Els Verds, José Manuel Martínez y José Manuel Dolón, hicieron hincapié en que las acusaciones contra los policías se repiten desde hace años e incluso «ha habido causas contra algunos de ellos». En concreto, Dolón recordó la «paliza» que propinaron varios agentes a un vendedor ambulante marroquí, aprovechando que su esposa, española, estaba ausente: «Fue ante muchos testigos, que se quedaron horrorizados». Las víctimas «desaparecieron a los tres días de denunciar, a lo mejor por presiones o por miedo». También relató el caso de una mujer madrileña de mediana edad que les acusó de «trato vejatorio» porque la obligaron a desnudarse durante un registro.