La masiva llegada de inmigrantes irregulares a Canarias, calculada en unas 20.000 personas en lo que va de año, plantea un complicado reto a las administraciones públicas españolas en tres aspectos fundamentales: asumir y gestionar su primera atención cuando desembarcan en los puertos isleños; si no existe convenio de readmisión con sus países de origen, distribuirlos por el territorio nacional, por mandato del Parlamento de 2002 y según un plan de traslados aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a comienzos de 2005; y, finalmente, evitar que el fenómeno migratorio cree alarma social o que pueda manipularse una tragedia que tiene como víctimas a seres humanos.

En el primero de los capítulos es evidente la escasez de medios humanos y materiales en las islas, lo que ha derivado en lógicas peticiones de ayuda al Ejecutivo central y en menos comprensibles solicitudes de intervención de la ONU o de Unicef, que poco dicen en favor de quien las plantea. Pero es el segundo apartado, el de la distribución de los indocumentados por el resto de España, el que está generando indeseables tensiones entre el Gobierno central y algunas autonomías. Es el caso de Cataluña, una comunidad rica y por tanto obligada a la solidaridad, que, en lugar de exigir directamente a la Secretaría de Estado de Inmigración que comunique con antelación el traslado de indocumentados – según el plan en vigor – , se entrega a una polémica pública por un fallo de coordinación, asumido por el Gobierno central, al enviar a 100 personas a un territorio que ya había recibido a otras 650 desde enero. Y es también el caso de la procedente petición de regiones con ejecutivo del PP como Madrid, Valencia o Murcia para que se convoque a la mayor brevedad una conferencia sectorial, donde podrá analizarse la actual dotación presupuestaria y de centros de acogida. Aunque el espíritu de «cooperación» que exhiben sus promotores se vea enturbiado por sus sospechas de que llegan más inmigrantes a las comunidades populares. En la otra cara de la moneda, la negociación de las administraciones vasca y central para acoger en Euskadi a un grupo de subsaharianos señala el camino adecuado del compromiso y la solidaridad.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero está obligado a actuar con lealtad y transparencia hacia las comunidades autónomas. Y éstas, a su vez, deben respaldar el esfuerzo del Ejecutivo por ofrecer una respuesta global al fenómeno migratorio, que pasa por comprometer a la Unión Europea en el control de las fronteras y por aumentar el número de países africanos con convenio de repatriación.