Madrid, Murcia y Valencia, las tres comunidades gobernadas por el PP a las que se han derivado buena parte de los ‘ilegales’ llegados a Canarias, reclamaron ayer una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, puntualizó que el ánimo que mueve a los ejecutivos regionales es meramente cooperativo. Se trataría, dijo, de coordinar la actuación de las distintas administraciones para dar mejor respuesta al «drama humanitario». El Gobierno no ha contestado aún a la petición, pero la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, defendió el «buen resultado» del plan de traslado y aseguró que, si ha habido fallos de coordinación, se pondrán en marcha todos los mecanismos para corregirlos.

Las comunidades del PP, y también la Generalitat de Cataluña, han hecho público en los últimos días su malestar ante el modo en que el Ejecutivo está llevando a cabo el envío de inmigrantes a la Península. Rumí recordó que el procedimiento se viene aplicando desde 2005, en cumplimiento de un mandato del Parlamento que instaba al Gobierno a distribuir los inmigrantes por todo el territorio nacional.

A este respecto, el ministro Caldera aseguró ayer que las comunidades autónomas «conocen los traslados de inmigrantes de Canarias a la península», pero admitió que este lunes no se avisó a Cataluña de la llegada de un grupo, tal y como había denunciado la Generalitat. El titular de Trabajo y Asuntos Sociales garantizó que «nunca se volverá a repetir» esta falta de información, que atribuyó a «un error de coordinación» derivado de la «presión que estamos recibiendo estos días con la entrada masiva de inmigrantes a Canarias.

Utilización «partidista»

Rumí acogió con recelo la petición de los populares. El hecho de que hayan protestado porque en el último año el Gobierno ha trasladado la mayor parte de los indocumentados a sus feudos – la Comunidad de Madrid asegura que recibe al 65% – inclinó ayer a la secretaria de Estado a pensar que su único deseo es «volver a utilizar la inmigración desde un punto de vista partidista».

La propuesta del PP no se limitaría, según el vicepresidente del Consell valenciano, Víctor Campos, a un encuentro con Caldera, ya que se pretende que incluya a la Federación Española de Municipios y Provincias. Según Campos, la Generalitat valenciana está «comprometida con la atención e integración de los inmigrantes», pero hay que «poner coto» para «garantizar servicios sanitarios, educativos, laborales y sociales dignos».

Además del primer partido de la oposición, también CiU se mostró partidaria de tomar medidas para «encauzar el grave problema». Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, registró ayer una proposición no de ley para que se cree un grupo de trabajo integrado «al menos» por altos representantes de Exteriores, Justicia e Interior y Trabajo y Asuntos Sociales; por representantes «cualificados» de los grupos parlamentarios y por miembros de asociaciones de los municipios y de las comunidades autónomas más afectadas. Dicho grupo debería estar presidido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

A juicio de Duran, ésta sería una forma de dar respuesta a las «graves consecuencias de la entrada de inmigrantes» que se han puesto de relieve «esta misma semana». Entre ellas, citó que subsaharianos trasladados desde Canarias fueran conducidos a Barcelona y puestos en libertad «sin una garantía de sustento». El Síndic de Greuges – Defensor del Pueblo catalán – ha abierto una investigación por este asunto.

Rumí aseguró que los inmigrantes son trasladados a las comunidades con CIES que cuentan con plazas libres o en las que Gobierno financia espacios a través de ONG. Aún así, insistió en que se están estudiando «posibles fallos» para que «nada empañe el buen resultado de este plan».