Editorial
EDITORIAL: SOSPECHOSO REPARTO DE INMIGRANTES
El Mundo, 24-08-2006El traslado de tapadillo a la Península de los inmigrantes que llegan a Canarias ha generado una nueva tormenta política entre el Gobierno, la oposición y las comunidades autónomas. La cifra de 11.000 subsaharianos desplazados desde las islas que adelantábamos el pasado martes sube trágicamente cada día y amenaza con colapsar las comisarías y la capacidad de acogida de los puntos donde recalan. La Brigada de Extranjería reconoció ayer que ya no da abasto y que el sistema supone un derroche que deja desatendidos otros servicios.
Es evidente que la avalancha ha desbordado al Ejecutivo, más ocupado en arbitrar soluciones a largo plazo – acuerdos con los países africanos, ayuda de la UE – que a atajar eficazmente la emergencia. Para colmo, basta un repaso somero de los destinos de los inmigrantes para dudar de los criterios con los que los ha distribuido el Gobierno. De los más de 11.000 que han aterrizado este año en la Península, alrededor de 9.000 han recalado en comunidades del PP. Es especialmente sospechoso que la Comunidad de Madrid haya recibido 6.500 subsaharianos y a Cataluña sólo hayan llegado 750. ¿Qué otro criterio sino los intereses políticos de Zapatero puede desembocar en esta proporción de nueve a uno? No obstante, y pese a lo benévolo del reparto, ERC ya ha intentado pescar en río revuelto y ha vuelto a pedir para la Generalitat el control sobre el cupo de inmigrantes y los permisos de residencia.
El Gobierno se defiende diciendo que la distribución se acordó en el Congreso en 2002 y que se envía a los inmigrantes sólo a lugares con centros de internamiento. Lo primero no es cierto: en 2002 se pactó que las demás autonomías absorbieran a los recién llegados pero no se negociaron los cupos. En cuanto a lo segundo, enviarlos sólo a comunidades con infraestructura de acogida supone premiar de alguna manera a las que no la tienen.
Como en el caso de los incendios gallegos, este episodio revela que hay ciertos problemas que sólo puede gestionar con eficacia el Estado central. Hacen bien Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana en pedir al Gobierno una reunión urgente para abordar la crisis y establecer cupos con criterios razonables, no políticos. No es lógico que el Ejecutivo intente convencer a otros países de la UE de que el problema no les es ajeno sin haberlo logrado con algunas de sus propias autonomías.
(Puede haber caducado)