ANA DEL BARRIO

MADRID.-Las comunidades del PP piden una reunión urgente de inmigración con Caldera El Ejecutivo ha trasladado a Madrid en lo que va de año a más de 6.500 inmigrantes procedentes de Canarias, mientras que a Barcelona tan sólo ha desplazado a 758. Por tanto, según estos datos aportados por sus gobiernos regionales, la capital recibe casi 10 veces más subsaharianos que la Ciudad Condal.

Tanto la Comunidad de Madrid, como la valenciana y la de Murcia, gobernadas por el PP, se plantaron ayer y decidieron decir basta ante el desigual reparto de los sin papeles que arriban a la Península desde el archipiélago canario. Los tres gobiernos autonómicos han optado por sumar fuerzas y pedir una reunión urgente con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para mejorar la coordinación de las administraciones. El Ejecutivo argumenta que se envía a los subsaharianos a aquellas comunidades que cuentan con un centro de internamiento de extranjeros. Sin embargo, tanto Barcelona como Madrid disponen de este tipo de instalación y la balanza de traslados se inclina abrumadoramente hacia la segunda. Sigue en

Editorial en

Las tres comunidades gobernadas por el PP denuncian que reciben al 85% de los subsaharianos enviados a la Península, lo que, a su juicio, supone un agravio comparativo con otras autonomías.

«Solidaridad con Canarias sí, pero de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué no Cataluña, País Vasco o Extremadura? Queremos orden y planificación porque no se puede llenar un vaso que ha rebasado su capacidad puesto que se desborda. Esta situación pone de manifiesto la inutilidad de este Gobierno», afirmó ayer la consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel.

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, insistió en la necesidad de que estos tres gobiernos autonómicos se reúnan con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, con el fin de mejorar la coordinación y criticó la manera en que se están gestionando los desplazamientos desde Canarias al resto de autonomías. «El sectarismo llega a tales extremos que envían más a regiones gobernadas por el PP», censuró Valcárcel. También reprochó a Caldera, responsable de los traslados, que «sea el gran desaparecido», según informa Efe.

El titular de Trabajo resurgió ayer y manifestó que las comunidades autónomas «conocen los traslados de inmigrantes de Canarias a la Península», aunque admitió que el lunes no se avisó a Cataluña debido a «un error de coordinación».

Sin embargo, tanto Murcia como Valencia y Madrid critican el ocultismo con que el Ejecutivo organiza estos vuelos y la falta total de transparencia. La Generalitat catalana reaccionó el martes airada porque no le habían avisado del envío de 50 subsaharianos, pero en Madrid esta práctica es habitual. Según critica la consejera de Inmigración de la región, Lucía Figar, la Delegación del Gobierno tan sólo comunica el 40% de los desplazamientos.

En libertad

«El martes llegaron a Madrid 104 inmigrantes y nos avisaron por fax de que eran 20. Ayer, fueron 100 y nos alertaron de 70. No nos dan datos ni nos dicen cuántos van al centro de internamiento de Carabanchel y cuántos dejan en la calle. Los centros de internamiento son cortinas de humo porque a los pocos minutos acaban quedando en libertad», se quejó Figar a este diario.

La responsable de Inmigración considera que el reparto de los subsaharianos «es injusto e insolidario» y afirma que desde el verano Madrid está recibiendo mil africanos al mes. «Se está produciendo una concentración masiva en la capital, donde no hay agricultura, de gente que no puede trabajar porque no tiene papeles», denunció Figar, que también ha reclamado que se reúna el Consejo Superior de Política de Inmigración.

Ante el aluvión de críticas recibidas, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó ayer que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por el Congreso en 2002 y que el Ejecutivo actual cumple con un mandato parlamentario.

Las responsables autonómicas argumentan que en las Cortes todas las comunidades se comprometieron a ayudar solidariamente a Canarias y acoger a los subsaharianos, pero no de la manera cómo se están efectuando los envíos ni la desigual distribución.

La responsable de Trabajo y Política Social de Murcia, Cristina Rubio, también reclamó un reparto equitativo, ya que hasta el principio de verano esta comunidad había recibido a 10 veces más inmigrantes que Cataluña. Este continuo goteo de sin papeles provocó que unos 100 subsaharianos acabasen acampando en un parque de la región a comienzos del mes de julio. El delegado del Gobierno se comprometió entonces a realizar una pausa en las derivaciones a la Península, hasta que el martes enviaron un vuelo con 40 africanos a Murcia y el Ejecutivo regional fue avisado el mismo día con un confuso fax.

Durante la inauguración de las fiestas de Requena (Valencia), Caldera manifestó que se está cumpliendo el protocolo de actuación que se aprobó en enero de 2005 que supuso la creación de una comisión mixta entre el Estado y las autonomías. Este protocolo supone que, a su llegada, las ONG van a recoger a los inmigrantes y los trasladan a sus albergues durante unos 15 días para que no queden desamparados en la calle.

Sin embargo, tanto en Barcelona como en Madrid ese protocolo se ha roto en varias ocasiones y los inmigrantes han sido puestos en la calle con un bocadillo y una botella de agua. La situación empieza a generar tensiones con las ONG y, de hecho, una asociación – Málaga Acoge – se ha negado a ocuparse de los sin papeles trasladados hasta la comunidad andaluza por la precariedad de la ayuda económica que ofrece el Ejecutivo y por la falta de garantías que se dan para asegurar un futuro digno a estas personas, informa Servimedia.

Aunque Consuelo Rumí insiste en que los vuelos se organizan con una total transparencia lo cierto es que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que no salgan a la luz pública. No sólo no facilitan ningún dato a los medios de comunicación, sino que realizan todo tipo de maniobras para evitar que la prensa pueda acceder a los subsaharianos.

«Estamos ante un asunto de emergencia nacional. Los servicios sociales de acogida de Madrid están llegando al límite. Decir que sólo trasladan a las comunidades con centros de internamiento es una excusa falsa porque muchas veces a los inmigrantes se les envía directamente a las ONG», insistió Figar.

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