Cristina es una colombiana de 26 años, separada y madre de un niña de siete años. Tuvo una infancia terrible, con un padre alcohólico y maltratador, y tuvo que dejar pronto el colegio para ayudar a criar a sus tres hermanos pequeños. Tras un matrimonio juvenil fallido y sin futuro alguno en su país, recibió de una supuesta amiga de la familia una oferta de trabajo como empleada del hogar interna en España, con la posibilidad de alojar a su hija y a su madre en un piso compartido y visitarlas una vez por semana. La «amiga» adelantó los gastos del viaje de las tres, que luego le devolverían a plazos.

Pero nada fue lo que parecía. Tras llegar a Málaga, el hombre que las debía llevar al piso se quedó con sus pasaportes y llevó a Cristina a un bar de carretera donde la encerró y la obligó a prostituirse hasta que consideraron pagada la deuda. Allí permaneció, aterrorizada, sin papeles, desamparada y con la constante amenaza de que si trataba de huir harían daño a su familia.

La historia de Cristina, una de las 1.106 víctimas de trata acogidas durante el año pasado por Cruz Roja, resume casi letra por letra el drama de buena parte de los miles de explotados que cada año llegan a España. Son los nuevos esclavos del siglo XXI. Obligados a prostituirse o a trabajar sin derechos y en condiciones inhumanas, o forzados a matrimonios, a delinquir o a ejercer la mendicidad. A falta de cifras oficiales, pues solo se conoce la punta del iceberg, los datos aportados por esta y otras ONG y por las fuerzas de seguridad esbozan la radiografía de esta lacra en España en la víspera del día fijado por la ONU para combatirla.

Sobre el 95% de las víctimas de trata rescatadas en España son inmigrantes. Las dos grandes áreas mundiales donde las redes mafiosas captan a los damnificados que traen a España son Latinoamérica, con fuerte crecimiento en los últimos años, hasta representar ya más de la mitad, y el norte y centro de África. Las liberaciones de víctimas y las detenciones de tratantes y explotadores logradas por la Guardia Civil y la Policía Nacional han registrado notables aumentos en los últimos años (un 24% más en 2023), lo que indica que este inhumano negocio no solo no remite sino que va a más.

Sobre el 70% de las víctimas que Cruz Roja intenta recuperar son mujeres y adolescentes que cayeron en las redes de tratantes que, fundamentalmente, pretendían dedicarlas a la explotación sexual, aunque en algunas ocasiones, en paralelo, las obligan funcionar también como esclavas domésticas. Según aclaran los expertos de Cruz Roja, son de hecho las extranjeras indocumentadas las más vulnerables a la lacra de la trata y a caer en la explotación sexual y laboral doméstica. En el caso de las mujeres que son obligadas a prostituirse, la mayoría tienen entre 20 y poco más de 30 años y proceden principalmente de Colombia, Venezuela y Nigeria.

En el caso de la trata laboral, las cifras que aportan las liberaciones policiales, basadas sobre todo en operaciones en explotaciones agrícolas e industriales, tienen como perfil principal a un joven procedente de Colombia o Marruecos. Sin embargo, la trata en el servicio doméstico está infradetectada en España porque buena parte de las mujeres que la sufren están aisladas y son invisibles para el resto. El tercer colectivo muy vulnerable, pero también oculto, son los menores inmigrantes no acompañados. La policía solo rescató el año pasado a 18, la mayoría prostituidos, pero también víctimas de matrimonios o mendicidad forzadas.

Cruz Roja alerta de que cada vez detecta un mayor número de víctimas que son captadas y engañadas a través de las redes sociales, que permiten a los tratantes una gran accesibilidad pero manteniendo su anonimato.