El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha asegurado que, como “no parece previsible” que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto ley que reforme la Ley de Extranjería para establecer una acogida vinculante de menores entre las comunidades tras el rechazo del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados a tramitar la reforma, trabajará durante el mes de agosto para conseguirlo.

La “emergencia nacional” del PP o cómo el lenguaje puede manipular la percepción sobre los migrantes en Canarias

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“La idea es poder trabajar, reunirnos en agosto, llegar a ese punto de encuentro y, si a finales de agosto hay un Consejo de Ministros, pues fantástico, y, si se da la circunstancia de uno extraordinario, pues mejor”, ha explicado el presidente autonómico en declaraciones a los medios tras reunirse en Madrid con entidades sociales para abordar precisamente este asunto.

En su opinión, hay “espacio” y “tiempo” para alcanzar una solución en este sentido antes del último cuatrimestre del año, cuando, según todas las previsiones, se espera un repunte de llegadas de migrantes a las costas canarias.

Clavijo ha insistido en dirigir las críticas hacia el Gobierno de España, sin reproches al PP, su socio en el Gobierno regional, que votó en contra de la tramitación: “A mí me consta la predisposición, ahora ya sí, por fin, de sentarnos. Tú no puedes mantener una negociación de un tema de tanta importancia por WhatsApp, tienes que sentarte, tienes que tener un ordenador y tienes que ir buscando los puntos de encuentro”, ha señalado Clavijo sobre las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora entre el Ejecutivo central y el PP.

Ha precisado que, debido a la urgencia y gravedad de la situación, lo que Canarias necesita es un decreto ley que permita empezar a derivar a menores de forma inmediata, pero para esto es fundamental el compromiso del PP porque tendría que ser convalidado 30 días después en el Congreso.

Y ha subrayado que esto no sería óbice para que, a partir de septiembre, se retome esta reforma en el Congreso en forma de proposición de ley, lo que permitiría un debate más “sosegado” e incorporar las enmiendas de los distintos grupos políticos.

Sobre la negociación, Clavijo ha señalado que los dos puntos clave tienen que ver con la financiación y con fijar un número mínimo de recursos que tienen que tener las comunidades autónomas para la acogida, extremo que parte del acuerdo alcanzado con las comunidades en la Conferencia Sectorial en 2022.

Clavijo ha informado de que Canarias está evaluando su “capacidad real” de acogida para los menores y, en función de ello, tendrá que empezar a instalar carpas en los puertos para alojar a los niños: “Si llega, como nos llegaron en el mes de octubre, una media de 100 menores diarios, ¿qué hacemos?”, ha cuestionado. Dichas carpas ya han empezado a instalarse en Lanzarote, pese al rechazo de la Fiscalía de Extranjería.

El presidente autonómico también ha informado de que el próximo miércoles, el Consejo de Gobierno aprobará una contratación de emergencia para incorporar 22 personas que permitan a la comunidad “desatascar el caos” en el que está inmersa por su incapacidad para gestionar la atención a los más de 5.000 menores a su cargo.

Clavijo ha mantenido este lunes una reunión con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Convive, Fundación CEPAIM y Accem para abordar precisamente la situación migratoria.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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En declaraciones a los medios, el director de Save The Children, Andrés Conde, ha reconocido que, con el número de menores que maneja Canarias, es “imposible” arbitrar infraestructuras de acogida, conseguir profesionales formados para la protección de esos menores o garantizarles itinerarios educativos y de integración social.

Por ello, sin entrar a valorar cuál es la fórmula jurídica más adecuada, ha pedido “una solución política a nivel estatal” y compartida por las comunidades autónomas, de forma que la atención a los jóvenes sea “una responsabilidad compartida por todo el Estado”.