En los últimos meses no ha habido una semana en la que los sistemas de emergencia canarios no hayan dado parte de la llegada de cayucos o pateras a sus costas. El flujo de migrantes que llega al archipiélago no cesa y en lo que va de año se han contabilizado un total de 19.793 personas. Una cifra sin precedentes y que bate todos los récords, pues de acuerdo al último informe que publica de forma quinquenal el ministerio del Interior, los migrantes que han sido interceptados cuando intentaban alcanzar el archipiélago entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año se ha disparado un 160,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y serán más, pues a los 19.793 registrados por Interior habría que sumar, de momento, los 504 que han sido rescatados en la última semana.

El pasado martes fueron localizadas cerca de Gran Canaria 144 personas que viajaban en un cayuco, de las cuales siete tuvieron que ser evacuadas a centros sanitarios. El viernes, fueron interceptadas dos embarcaciones en las islas de El Hierro y Lanzarote con 130 migrantes a bordo. El primero de ellos fue detectado pasadas las 9:00 horas a 11 kilómetros al sur de El Hierro. En él iban 104 hombres, dos mujeres y un total de diez menores procedentes de Senegal, Gambia y Mali. El segundo grupo fue rescatado cuando alcanzaba la costa de Órzola, al norte de Lanzarote. Los 14 migrantes de origen magrebí viajaban en una lancha neumática.

También la jornada del sábado fue intensa para Salvamento Marítimo y la Cruz Roja, que tuvieron que asistir a cuatro de las 190 personas que viajaban en los tres cayucos que llegaron a El Hierro y a Tenerife durante la medianoche. Precisamente el mismo día en el que se homenajeaba a los nueve jóvenes procedentes de Guelmim, una zona rural de Marruecos, que perdieron la vida hace 25 años en la playa de Las Señoras, al sur de Fuerteventura, en el primer naufragio del que se tiene constancia de la Ruta Canaria. Hasta ese momento no se había producido una tragedia así y, desde entonces, no ha dejado de repetirse.

En los siete primeros meses del año, Canarias ha recibido al 78,1% del total de migrantes que han llegado por vía marítima a nuestro país, lo que evidencia el grave problema que sufre el archipiélago, cuyas dimensiones ya supera la peor crisis conocida hasta la fecha, la de los cayucos en 2006, y alerta, especialmente, de la situación en la que se encuentran los menores migrantes, cuya tutela depende del Gobierno autonómico. Canarias acoge en la actualidad a 5.500 menores sin acompañar, una cifra que, según las previsiones del Gobierno autonómico, podría aumentar en 14.000 más al final del verano si no se actúa para frenar el aluvión de salidas de cayucos. Para ello se intentó, sin éxito, reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que buscaba repartir de forma obligatoria entre todas las comunidades menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. La proposición de ley que registraron el PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso fue tumbada el pasado martes al recibir los votos en contra del PP, Junts y Vox.

El Partido Popular ya advirtió que votaría en contra de la tramitación si el Gobierno no le concedía una serie de peticiones, como la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria a nivel nacional o el compromiso por parte del Gobierno de financiar la acogida de los menores inmigrantes hasta su mayoría de edad y no sólo durante el primer año de su estancia en España. Para Junts, la ley «no garantiza una vida digna para los menores» tal como aseguró su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Y en el caso de Vox , la formación de Abascal ya mostró su rechazo desde el principio. De hecho, el acuerdo entre los populares y el Gobierno por el reparto voluntario de 347 menores migrantes desembocó en la ruptura de todos los gobiernos autonómicos que compartían los populares con los de Abascal.

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Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), cree que este asunto está en manos del PSOE y el PP, pero que aún hay margen para que lleguen a un acuerdo de última hora, como ya ocurrió cuando sacaron adelante los nombramientos del CGPJ. «Cuando quieren, pueden», asegura.