Diez años después de la entrada en vigor de la Constitución democrática de 2014, las próximas elecciones presidenciales en Túnez, previstas en su primera vuelta para el 6 de octubre, determinarán el alcance del daño sufrido por el sistema político del país cuando se han cumplido tres años desde el autogolpe protagonizado por el presidente Kais Saied. El 25 de julio de 2021, no casualmente en el día de la República, el veterano profesor de Derecho se arrogó todos los poderes del Estado con el afán de «salvar» Túnez, su democracia y su complicada situación económica.

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Desde entonces, el mandatario (que llegó al poder al imponerse en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2019) ha ido lenta y concienzudamente desmontando la arquitectura democrática del régimen nacido de las revueltas que lograron derrocar en 2011 el régimen de Zine el Abidine Ben Ali e inauguraron lo que ha pasado a la historia como (para no pocos especialistas mal llamada) Primavera Árabe.

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En poco más de dos meses, Saied -que confirmó su candidatura el pasado 19 de julio— tendrá que medirse en las urnas a un número de candidatos ya cribado por el sistema, lo que hará poco probable que no revalide su victoria.

La historia de los últimos tres años ha sido la de la liquidación de la Carta Magna de 2014, la aprobación de una nueva en 2022 con poderes reforzados para el jefe del Estado y la continuada persecución de los partidos políticos de la oposición, así como de jueces y periodistas considerados por el presidente enemigos de la nación.

No en vano, los principales líderes opositores están en prisión, incluidos los de la formación islamista Ennahda. Primera fuerza política del país en cada proceso electoral celebrado desde los comicios constituyentes de 2011, el liderado por Rached Ghannouchi -condenado en febrero a tres años de cárcel por supuesta financiación extranjera ilícita— es hoy un partido vetado del sistema. También se encuentra en la cárcel la líder del conservador y nostálgico de la dictadura Partido Desturiano Libre Abir Moussi.

En su deriva autoritaria, el presidente tunecino se ha valido de una retórica nacionalista y populista trufada de tintes religiosos y xenófobos, cuyo corolario ha sido la cruzada emprendida por las autoridades contra la inmigración irregular de origen subsahariano. Desde hace más de un año, las fuerzas de seguridad tunecina detienen y deportan de manera constante inmigrantes llegados a los puertos del país, principalmente el de Sfax, hasta las desérticas fronteras con Argelia y Libia.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde entonces el aumento de la represión y ha exigido la dimisión de Saied, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.

Lo cierto es que, a pesar de la deriva autoritaria del presidente, la plataforma opositora ha sido incapaz de movilizar masivamente a la sociedad tunecina. Lejos quedan las imágenes de las populosas y transversales marchas de las últimas semanas de 2010 y las primeras de 2011 en las que sectores de izquierda, seculares, nacionalistas e islamistas se daban la mano.

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Si el rechazo de la oposición en las calles de las ciudades tunecinas poco ha inquietado a Saied y su gobierno, menos parece haber preocupado al presidente las críticas vertidas desde la Unión Europea. No en vano, al tiempo que las instituciones comunitarias han cuestionado las violaciones de derechos humanos practicadas por la administración Saied, Bruselas ha convertido cínicamente al presidente en un apoyo fundamental en su política de contención de la inmigración irregular que trata de alcanzar suelo europeo a través de la ruta del Mediterráneo central.

En marzo, la UE desembolsaba 150 millones de euros en el marco del acuerdo migratorio con Túnez. La última de las iniciativas populistas del mandatario, con la que celebró ayer el tercer aniversario de su autogolpe, fue la firma esta semana de una amnistía dirigida a aquellas personas condenadas por realizar publicaciones en redes sociales, un tipo de condena que se ha usado en los últimos meses contra opositores que realizaban alguna crítica o comentario considerado como insulto contra las autoridades.

Con todo, la medida de gracia excluye a aquellos que también han sido condenados «por otro tipo de crímenes», como los de terrorismo o corrupción, que también son usados para perseguir a opositores. Según explicaba el Ministerio de Justicia tunecino, la amnistía afecta a un total de 2.956 presos, de los que han sido liberados 1.462 mientras los demás han visto reducidas sus sentencias.