Tras el voto en contra del Partido Popular a la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, el vicepresidente de Canarias y líder del Partido Popular en el archipiélago, Manuel Domínguez, se reunió ayer en Madrid con su partido a nivel nacional para tratar de negociar la última vía posible para la modificación de l a norma. Esta busca que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas sea obligatorio.

La posibilidad que le queda a las islas para dar respuesta a los casi 6.000 menores que tiene bajo su tutela es que la norma se modifique a través del decreto ley, mecanismo que ha levantado recelo entre las fuerzas políticas y las regiones. Se trata de la vía que, desde el inicio de las negociaciones, demandaba el Gobierno de Canarias al entender que es la más rápida, mientras que el Ejecutivo estatal defendía que se hiciera a través de la proposición de ley, la cual no consiguió llevarse a trámite el pasado martes debido a los votos en contra de los populares, Vox y Junts.

Y así siguen las cosas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó ayer el decreto ley como mecanismo para que la modificación normativa salga adelante porque dijo que sería «la crónica de una muerte anunciada». En una entrevista concedida a Efe, el ministro negó poder dar una respuesta ante la situación porque la «única solución viable», que la norma se modifique vía proposición de ley, fue rechazada.

Para Torres, lo que demanda el Gobierno de Canarias, el decreto ley, no es factible porque, aunque entraría en vigor de manera inmediata, también se tendría que convalidar 30 días después en el Congreso de los Diputados, por lo que sigue siendo imprescindible el voto a favor del PP. Y, en este caso, el ministro lo ve como algo «imposible» al no haber «voluntad de negociación» por parte de los populares

Entre los argumentos para rechazar el cambio a través del decreto está el hecho de que se les dará «inseguridad jurídica» a los niños y niñas que fueran derivados de manera inmediata si después de un mes este decreto no se convalida, ya que estarían «en un limbo jurídico», según explicó el ministro Torres.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, transmitió que tanto ella desde Madrid como el Ejecutivo regional seguirán «luchando por encontrar un acuerdo» y poder garantizar una acogida digna a los miles de niños y niñas que llegan a las costas canarias: «No nos podemos permitir renunciar a él. Estamos dispuestos a pelear hasta el último segundo». Apuntó que es hora de que el Estado «asuma la responsabilidad que tiene» con los jóvenes que llegan a la frontera sur del país.

Sobre la consideración del Ejecutivo estatal de que el decreto ley «no es posible», Valido defendió que sí lo es, como también lo ha sido para «otras cuestiones. Lo han usado para asuntos de otro tipo».

Aunque el Ejecutivo estatal considera que la convalidación del decreto ley va a ser difícil, la diputada canaria en la Cámara Baja es optimista, y apela a la negociación para que se consiga: «Es lo que pedí desde la tribuna y es lo que esperamos que haga el Gobierno». Precisamente, Valido pidió el martes en la votación de la admisión a trámite que se tenía que retirar la toma en consideración porque no contaba con el apoyo suficiente. Por tanto, sabe que no será fácil, pero considera que en otros casos el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha negociado «hasta el último segundo incluso con sus socios para que los apoyara» y no entiende por qué no se ha podido repetir ese movimiento en esta negociación.

El cambio en la norma busca aliviar los recursos de acogida de las regiones que tienen una gran presión migratoria. En este caso, la derivación de niños y niñas a otras regiones será obligatoria cuando se supere el 150% de la capacidad de un territorio, que en el archipiélago es de 3.000.