El anuncio del resultado de la votación para admitir a trámite la reforma de la Ley de Extranjería echaba por tierra este martes el intento del Gobierno central y el canario de consensuar una fórmula para crear un sistema sistemático y vinculante de distribución de niños que migran solos en caso de emergencia. Pasada la votación y cerrada esa puerta, miles de chavales siguen bloqueados en Canarias, acogidos en condiciones que no aseguran su protección. Entonces, ¿ahora qué?

El Gobierno trabaja en la concreción de un plan B, después de que PP, Junts y Vox tumbasen la vía que el Ejecutivo consideraba más “garantista”: la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tramitada a través de una proposición de ley urgente. Este miércoles, el día siguiente del fracaso parlamentario, los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia han mantenido distintas reuniones para buscar otras opciones para responder a la situación de los menores migrantes en Canarias, la autonomía en la que más urgen los traslados al albergar a más de 5.700 niños y adolescentes llegados solos en cayuco, y cuyas condiciones de acogida han sido tachadas de inadecuadas por el propio Gobierno autonómico, así como por la Fiscalía.