La Policía Nacional ha detenido a un empresario de la construcción por explotar laboralmente a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad en Valladolid. El individuo se aprovechaba del grupo, de al menos siete obreros originarios de Brasil y Colombia, para someterlos a jornadas largas, sin apenas remuneración y en régimen de “semiesclavitud”, según ha informado la subdelegación del Gobierno a través de un comunicado. El arrestado los repartía por cuadrillas desplazadas a distintas obras y fue descubierto tras acudir la Policía simultáneamente a varios de esos encargos. El empresario, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, les prometió 50 euros diarios, aunque nunca se los abonaba, y alcanzó con ellos una deuda de unos 16.000 euros.

La denominada Operación Odín comenzó cuando el pasado mes de mayo se descubrieron indicios de que este sujeto disponía de un equipo de trabajo para sus tareas de construcción compuesto por personas en situación irregular. Los agentes indagaron sobre el empresario y constataron que tenía a su nombre una sociedad limitada “dedicada a la actividad de construcción y reformas, que tenía en plantilla a tan solo cuatro trabajadores dados de alta en la Seguridad Social”. Pese a ello, alcanzaba un mayor volumen de trabajo porque incorporaba de forma irregular a esos ciudadanos de origen extranjero. Las pesquisas efectuadas entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular sirvieron para lanzar una operación conjunta y simultánea sobre varias obras desempeñadas por el individuo. Las inspecciones conllevaron unas conclusiones corroboradas por las víctimas de explotación laboral. En una de esas localizaciones se encontró al empresario de la construcción junto a dos de estos operarios sin autorización formal para trabajar en España.

En otra intervención se identificó a otro trabajador extranjero en esa misma situación. La investigación concluyó que al menos siete personas se encontraban bajo esas condiciones abusivas y precarias. Su jefe se aprovechaba de su “situación de vulnerabilidad con cargas familiares” y de que “movidos por la necesidad de subsistir se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario”. “Estas condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que rozaban la semi esclavitud consistían en trabajar a destajo hasta doce horas diarias de lunes a viernes e incluso los fines de semana que el empresario consideraba necesario, sin derecho a vacaciones ni descansos o días libres”, desarrolla la Policía Nacional, sin que sus compañeros tuviesen contrato o alta en la Seguridad Social.

El sueldo prometido apenas ascendía a 50 euros diarios pero ninguno llegó a obtener esa remuneración acordada más allá de “pequeñas cantidades económicas para subsistir, acumulando el empresario una deuda con los siete trabajadores objeto de explotación laboral de más de 16.000 euros”. Portavoces de la subdelegación del Gobierno en Valladolid han confirmado a EL PAÍS que las víctimas procedían de Brasil y de Colombia. Este sistema de explotación laboral sobre personas en situación irregular resultaba muy lucrativo para el detenido, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, pues “el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente”.