El Gobierno da prioridad al África Occidental y el Sahel, las regiones de donde proceden gran parte de los inmigrantes irregulares que llegan a las costas españolas, en el nuevo Plan Director de la Cooperación 2024-2027, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El documento, que recoge los objetivos y prioridades de la cooperación española al desarrollo hasta el final de la legislatura, prevé que por primera vez se elabore una estrategia de cooperación para el conjunto del África Subsahariana e identifica como países prioritarios en esta región a Cabo Verde, Senegal, Níger, Malí, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique.

Las otras dos regiones prioritarias para la cooperación española son América Latina y Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y Norte de África y Oriente Próximo (Marruecos, Mauritania, Palestina, Túnez, Egipto, Jordania y Líbano; además de la “población saharaui refugiada”). En Asia, solo se incluye a Filipinas, excolonia española. Además, se podrá trabajar “de manera puntual” con otros países para atender la consecución de “bienes globales” o afrontar crisis, como Ucrania y Afganistán.

Entre estos países figuran algunos que no están incluidos en la lista de receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) elaborada por el comité correspondiente de la OCDE, pero España considera que “la cooperación no puede quedar determinada únicamente por el nivel de renta” de un país, que es el criterio aplicado hasta ahora en los foros multilaterales.

El Plan Director reafirma el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030, consagrado en la ley de Cooperación que se aprobó el año pasado, pero, aunque dibuja tres escenarios de crecimiento presupuestario para alcanzarlo, deja claro que el mayor esfuerzo habrá que realizarlo en los últimos años de la década, por “la necesidad de fortalecer previamente las herramientas de gestión del sistema para poder absorber de manera ordenada, eficaz, coherente y estratégica” el aumento de los fondos. Y también porque, alega, “la prórroga presupuestaria de 2024 y el fuerte aumento del PIB hacen que el crecimiento sea más modesto durante la primera parte de la senda” de crecimiento. Según esta previsión, partiendo de un 0,3% del PIB en ayuda al desarrollo este año, se llegaría al 0,4% en 2007, lo que obligaría a un aumento del 57% en los tres ejercicios restantes. Además, al menos un 10% de los fondos de cooperación deben destinarse a ayuda humanitaria.

Junto a las prioridades geográficas, el plan identifica prioridades sectoriales (transición social, ecológica y económica), en las que se encuadran el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, el acceso al agua y el saneamiento o el desarrollo rural.

A ellas se suman los principios transversales que deben inspirar todas las actividades de la cooperación, como son la promoción de los derechos humanos (infancia y adolescencia, comunidad LGTBI, personas con discapacidad, mayores, pueblos indígenas y afrodescencientes), el enfoque feminista y de género, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la justicia climática, la sostenibilidad medioambiental, la diversidad cultural y la construcción de paz.

Los fines de la cooperación española están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la Agenda 2030, cuyo cumplimiento debería recibir un impulso en la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo que se celebrará el año próximo en España. La apuesta por la cooperación descentralizada se plasma, entre otros aspectos, en la participación de comunidades autónomas y entes locales en la formulación y ejecución de la política de desarrollo a través de la conferencia sectorial y el Consejo Superior de Cooperación. También se pondrá en marcha una oficina de evaluación de la cooperación que medirá sus resultados “de manera independiente”, según el documento.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha viajado recientemente a tres de los países prioritarios de la cooperación española (Cabo Verde, Gambia y Senegal, donde ha anunciado una ayuda de 180 millones para fomentar el empleo juvenil), asegura que este plan cuatrienal “sienta las bases para hacer frente a los nuevos desafíos globales”.

El Consejo de Ministros ha aprobado también el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, que sustituye al de 2006, e incorpora como novedades la definición de distintos perfiles de cooperantes, incluidos los extranjeros; las diferentes tipologías de entidades promotoras, entre ellas las empresas consultoras; o los supuestos de exclusión e incompatibilidad; además de incluir la categoría profesional de cooperante en el Servicio Público de Empleo (SEPE), reconocer el reembolso de determinados gastos a los familiares de los cooperantes, confirmar la garantía de un seguro colectivo o aplicar lo previsto en el decreto de 2004 sobre indemnizaciones.

A lo largo de este año está previsto que se aprueben también la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), la adaptación de la normativa de subvenciones o la creación del citado Consejo Superior de Cooperación y del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), piezas centrales de la reforma de todos el sistema español de cooperación que se inició con la nueva ley.