Esta vez no hubo cambio de posición de última hora ni salvavidas para Pedro Sánchez. Junts, uno de los socios de investidura del Gobierno, reiteró su negativa a apoyar la proposición de ley impulsada por el PSOE y Sumar para reformar la ley de Extranjería. Voto en contra que se une al anunciado por el Partido Popular y Vox para tumbar la toma en consideración de la norma, dejando el problema de la inmigración en el tejado del Ejecutivo, que sopesa ahora diferentes escenarios, entre ellos la retirada de la proposición para evitar un nuevo fracaso parlamentario. En ese caso, podría reabrirse el diálogo, con las exigencias del PP aún sobre la mesa, o buscar el refugio del Consejo de Ministros para aprobar un decreto ley que alivie la situación de Canarias.

Acabado el debate, el ministro Ángel Víctor Torres Política Territorial y Memoria Democrática y la ministra Sira Rego Juventud e Infancia abandonaban juntos el Hemiciclo. Reunión de emergencia para decidir los pasos a seguir. El más plausible, la retirada de la norma, que debía votarse al final del pleno extraordinario, para continuar con el diálogo y, sobre todo, no cosechar otro traspiés que aflore su debilidad parlamentaria.

Las negociaciones con el PP, que a última hora del lunes se daban por finalizadas, se reanudaron a primera hora del martes con un nuevo mensaje de Torres a Miguel Tellado, portavoz del PP. Fuentes de esa formación explican que ofrecieron el sí a la tramitación siempre que el Gobierno se comprometiera por escrito a convocar la Conferencia de Presidentes, a declarar la emergencia migratoria en todo el territorio, a garantizar la financiación de los menores hasta su emancipación y a que el Estado asumiera la tutela en caso de desbordamiento del sistema autonómico. La petición quedó sin respuesta, lo que el PP entendió como una negativa, a pocos minutos del inicio del pleno.

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DAVID ALANDETE | CORRESPONSAL EN WASHINGTON
El PSOE tomó la palabra en el debate para justificar su iniciativa y lo hizo apelando al corazón. A los miles de niños y niñas que esperan en Canarias hacinados en centros y que esperan una respuesta de las autoridades para su traslado a la península. Los dos diputados que tomaron la palabra Luc Andre Diouf y María Guijarro echaron en cara al PP su negativa a la toma en consideración de la ley, pero nada dijeron sobre Junts, su socio de Gobierno y también contrario a la norma.

«Hoy toca votar, no hay más tiempo. Nuestra intención es que se abra un debate para la introducción enmiendas, pero no hay más tiempo», reiteró Diouf, quien puso sobre la mesa la celebración inmediata de la Conferencia de Presidentes, que el traslado solo fuera tras comprobarse la edad de los menores y que la norma pueda tramitarse como Proyecto de Ley, como gesto para ablandar el corazón del PP. Su compañera, Guijarro, apeló a la humanidad de los populares para dar luz verde a la tramitación de la norma, de nuevo sin mención a Junts. Esa humanidad, no. Ambos discursos, cayeron en saco roto, porque las conversaciones ya se habían dado por cerradas.

Así lo señaló Ana Alós, la encargada de defender la postura del PP, quien reiteró las exigencias de su grupo para dar trámite a la ley. «El Gobierno no tiene política migratoria. El drama de los menores es solo la punta del iceberg de la emergencia migratoria que ustedes se empeñan en negar. Ahorrense las amenazas. Hoy asistimos a algo que es normal en este Gobierno. Un parche y un chantaje al PP. Que vengan a pedir al PP que les apoye es casi como de broma», apuntó la vicesecretaria de Igualdad de los populares, quien sí asumió la petición que había hecho la portavoz de Coalición Canaria de dejar la ley sobre la mesa, aplazando la votación, para seguir dialogando.

Un posibilidad que tomó fuerza después de escuchar a Míriam Nogueras, la representante de Junts, que reiteró el no de su partido a la tramitación de la norma. «Nos oponemos a sobresaturar Cataluña y la mayoría de la sociedad entiende por qué lo hacemos. Con esta ley no solucionamos este problema», dijo la catalana, que pidió también la retirada de la ley, pero no para abrir diálogo, sino para exigir que se traspasen las competencias de inmigración a Cataluña, a lo que se comprometió el Gobierno en enero, como concesión para lograr el apoyo separatista a dos decretos con medidas anticrisis.

El plan B del Ejecutivo es esa retirada que ya se estudia en un gabinete de crisis entre Torres y Rego. Todo, para evitar el cuarto revolcón parlamentario tras los sufridos con el decreto del subsidio de empleo, tumbado en enero, y la ley de proxenetismo, cuya admisión a trámite no se aprobó en mayo. Mismo mes en el que el Gobierno se vio obligado a retirar la ley del Suelo ante la falta de apoyos.

Por su parte, Vox se mantuvo firme en su posición, reafirmando su negativa a una ley que, según ellos, aumenta el efecto llamada. «Nuestra solidaridad es con quien tiene un centro de menas en su barrio y no le han preguntado si lo quería tener. Nuestra solidaridad con cada mujer víctima de una violación, cada vez más en España. Nuestra solidaridad con los trabajadores que cada día pierden poder adquisitivo y ven subir los precios y los impuestos. Y nuestro trabajo para denunciar que Feijóo y Sánchez son cómplices de la promoción de la inmigración masiva sin preguntar jamás a los españoles», señala Abascal.