Los grupos del Congreso han coincidido en la grave crisis migratoria que sufre el Estado, focalizada en Canarias, Ceuta y Melilla, pero ello no ha sido suficiente para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería que permitiera redistribuir a los menores no acompañados en las comunidades autónomas. Durante el debate, el PP y Junts, al igual que Vox, han mantenido su rechazo a la toma en consideración de esta medida, por lo que una de sus proponentes, Cristina Valido de Coalición Canaria, ha pedido retirar esta iniciativa y que no se vote con el fin de seguir negociando. “Yo no tengo discurso para volver a Canarias y decir que no ha prosperado la ley de extranjería”, ha alegado.

Esta propuesta también fue registrada por el PSOE y Sumar ante el grito de auxilio expresado por Canarias, que acoge actualmente un total de 6.000 menores no acompañados cuando dispone de tan solo 3,000 plazas, y cuyo presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha seguido el debate con gesto serio desde la tribuna de invitados. Como golpe de efecto, el primero en tomar la palabra ha sido el diputado socialista Luc André Diouf Dioh, origen senegalés, que ha admitido que “la situación que afecta a Canarias me afecta en lo personal”. Ha denunciado el “aumento de los discursos de odio”, en referencia a Vox, y ha expuesto uno de los argumentos principales de este debate: que los niños y niñas que llegan a España, lejos de suponer un peligro, “representan el futuro”. “Hoy toca votar, no hay más tiempo”, ha alegado.

PNV, Bildu y ERC piden mejoras
Nahuel González López (Sumar), que ha citado en varias ocasiones a los futbolistas de origen migrante Nico Williams y Yamine Lamal, ha criticado que “hoy el PP y Junts se han unido con la ultraderecha, les pedimos que reconsideren su postura y apelamos a su humanidad, empatía y altura de miras”. En el caso de socios habituales del presidente español, Pedro Sánchez, como el PNV, EH Bildu y ERC, han apelado a la solidaridad al confirmar su apoyo a la toma en consideración de esta reforma del artículo 35 de la ley para convertir en obligatorio el reparto de estos menores cuando una comunidad tenga su sistema de acogida saturado. Al mismo tiempo, han emplazado a la fase de tramitación para incluir enmiendas que aclaren y mejoren los extremos de esta iniciativa.

Junts se ha mantenido, no obstante, en el ‘no’, lo que impedirá en la práctica la tramitación. Su portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, ha acusado al Gobierno español de “abusar” de la solidaridad que, según ella, caracteriza a Catalunya, y ha rechazado que la propuesta del PSOE, Sumar y CC aporte “tranquilidad y seguridad a los que llegan”. También ha hecho una referencia a la situación actual en Catalunya, donde siguen las negociaciones para posibilitar la gobernabilidad, y ha asegurado que “el señor Salvador Illa tendrá que explicar por qué su partido apoya una ley española que tensiona a Catalunya”.

El dique de contención del PP y Vox
Han cerrado el debate las formaciones que con mayor vehemencia han rechazado esta iniciativa, y Andrés Alberto Rodríguez, de Vox, ha esgrimido diversas leyes y acuerdos para reclamar el regreso de los menores no acompañados a sus países de origen, ya que su incumplimiento “beneficia a las mafias de la emigración ilegal”. Sería a su vez “la única forma de acabar con el efecto llamada”, ha alegado, y ha tratado de darle la vuelta a las acusaciones contra su formación de difundir bulos y fake news que ligan emigración y criminalidad. Así, ha denunciado que la mayoría de migrantes no son niños sino varones adultos y que se oculta la nacionalidad de delincuentes y el gasto que supone acoger a cada uno de estos menores.

Por último, Ana Isabel Alós López, del PP, ha lamentado que “no asistimos a un debate sobre política migratoria sino a un parche y chantaje al PP”. Ha acusado al Gobierno de “no tener política migratoria” y critica que trate de “despachar en media hora de debate lo que no ha hecho en seis años gobernando”. Ha señalado que las comunidades gobernadas por el PP acogen el 81% de menores no acompañados, mientras que las del PSOE se limitan al 2,5%, por lo que a su juicio “si no fuera por el PP habría también una emergencia humanitaria”. Alós López ha expuesto por último la razón principal del rechazo del PP a esta medida, la falta de recursos por parte del Estado a las comunidades autónomas, y ha alegado que “cuando los recursos no existen, la solidaridad no es posible”. Ha definido por ello la pretendida reforma como un “yo reparto y tú te apañas”.