gual que hicieron otras comunidades dirigidas por el PP, Galicia pidió ayer al Gobierno que convoque una conferencia de presidentes para abordar la crisis migratoria provocada por la avalancha de cayucos que están llegando a Canarias en las últimas semanas y que ha obligado a distribuir a los inmigrantes por el resto de las comunidades españolas. Esa petición se planteó en la reunión de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la que la Xunta también pidió al Gobierno que declare la situación de emergencia migratoria, una herramienta que permitiría pedir la ayuda de la Unión Europea.

El Gobierno gallego, que estuvo representado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, y por el director xeral de Inclusión, Arturo Parrado, que intervinieron por videoconferencia, mostró su solidaridad con las personas migrantes, pero reivindicó la necesidad de «una mayor planificación por parte del Gobierno central». Asimismo, solicitó «que los datos sobre las personas que llegarán este verano a Galicia se transmitan con la mayor celeridad y exactitud posible, siempre con el objetivo de prestar la mejor atención a estas personas, ya que la Administración autonómica cuenta con competencias exclusivas, como la asistencia sanitaria o la atención a menores.

Política Social plantea esta petición en la misma semana en la que está prevista la llegada a Galicia de los primeros refugiados de Mali procedentes de Canarias, y solo unos días después de que el presidente Rueda y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, acordasen colaborar en todo lo referente a la llegada de esos refugiados. Según pudo saber La Voz, los inmigrantes que empezarán a llegar a Galicia a partir del próximo jueves son todos adultos que huyen de la guerra de Mali. En principio no hay ningún menor en la expedición, aunque sí se trata de personas muy jóvenes, de entre 20 y 25 años.

Está previsto que los primeros grupos lleguen a Santiago. Son 208 varones, que se alojarán en las dependencias del albergue del Monte do Gozo, que estos días están siendo acondicionadas para acoger a estos inmigrantes. El resto irán llegando durante los meses de agosto y septiembre y en principio sus destinos están en los municipios de Ourense, Becerreá, Monforte y Allariz.

Otras comunidades como Madrid, Andalucía, Canarias, Aragón y Cantabria, denunciaron el colapso que sufren por la «crisis migratoria» por lo que han solicitado, entre otras medidas, la celebración de una conferencia de presidentes o contar con «una financiación adecuada».

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En este sentido, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, djo que salió de la reunión «sin obtener ninguna respuesta» por parte del Gobierno a sus demandas. Aseguró que salieron de la sectorial «sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos» y «sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional». También la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, acusó al Gobierno central de «dejar de lado y desentenderse» de los jóvenes migrantes extutelados, ya que sigue «sin un plan de respuesta, ni financiación ante la crisis» migratoria que afronta España y, específicamente, Andalucía».

Aragón defendió que la crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y sin recursos materiales y económicos suficientes, sino que debe tratarse en una conferencia de presidentes. Su consejera criticó la «falta de planificación, transparencia y de información».

Un reglamento de extranjería que flexibilice la regularización
El nuevo reglamento de extranjería que plantea el Gobierno central flexibilizará los requisitos para que sean más los inmigrantes que puedan regularizar su situación en España, con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominada «de segunda oportunidad». Así lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de presidir la Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la que explicó a los consejeros sociales de las autonomías cómo será la reforma del reglamento, que ha entrado ya en fase de audiencia pública.

Uno de los cambios más relevantes que detalló la ministra es una mejora en el procedimiento para regularizar a los inmigrantes que han sufrido explotación laboral y una mayor protección para que estas personas puedan «cambiar de empresario» en caso de sufrir este tipo de abusos o ante la imposibilidad de realizar el trabajo.

También en materia de trabajo, se facilitarán los procedimientos actuales y se permitirá compatibilizar el trabajo por cuenta propia y ajena, al tiempo que se introducirán mejoras en la regulación de las actividades de temporada, favoreciendo las «contrataciones colectivas».

El nuevo reglamento crea el denominado arraigo sociolaboral, por el que podrán regularizar su situación en España quienes lleven dos años en el país y presenten uno o varios contratos de trabajo que sumen al menos 20 horas semanales. Para «favorecer la disminución del tiempo previo de irregularidad» se rebaja de tres a dos años la permanencia continuada en España exigida, y también se elimina el requisito de tener vínculos familiares en el país.

Además, para ayudar a la entrada en el mercado laboral se reduce el número de horas exigidas, de 30, en cómputo semanal, a 20. Una vez lograda esa integración laboral y conseguida experiencia, es más sencillo saltar a contratos con jornadas completas, según explicaron desde Migraciones. Para evitar fraudes, se exigirá mantener al trabajador tres meses de alta en la Seguridad Social en un período de seis meses, para poder prorrogar un año más. Para el arraigo social se seguirán exigiendo tres años de permanencia en España, contar con vínculos familiares y medios económicos suficientes.

Y se crea un nuevo arraigo de segunda oportunidad, similar al actual arraigo laboral, que requiere dos años de estancia previa en España y seis meses de actividad laboral por cuenta ajena.