El Gobierno se resiste a hablar del plan b ante el previsible rechazo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida de los menores no acompañados sea vinculante por parte de las comunidades autónomas. “Confío en que esté a la altura y proceda a la modificación del artículo 35”, ha subrayado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración con los representantes de todas las autonomías.

Aunque fuentes del PSOE reconocen que apenas ven margen para la negociación con el principal partido de la oposición, la postura oficial de Moncloa a escasas horas de que el Congreso vote la admisión a trámite del cambio de la citada norma es que no se da por perdida. El mensaje que se quiere trasladar es que todavía hay “confianza” en que “la mano tendida” sirva para llegar a un acuerdo con la formación de Alberto Núñez Feijóo ante una “política de Estado”.

“Mi manera de abordar estas cuestiones es desde diálogo institucional, la lealtad, la colaboración y la cooperación”, ha recalcado Saiz. “Yo soy optimista y tengo la esperanza de que una cuestión tan sensible y tan importante pueda ver la luz”, ha agregado sobre una reforma que “pivota en la solidaridad” de las regiones “con una punta de lanza que es el interés superior de los niños y niñas que llegan a España en situación de desprotección”.

La que sí que ha hablado abiertamente de una fórmula alternativa ha sido la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que ha apuntado a un Real Decreto Ley que regule la acogida de menores que el Consejo de Ministros “podría aprobar ya”, aunque tendría que ser convalidado en el Congreso en un plazo de un mes. “El plan b existe y, de hecho, es lo que pedimos todas las fuerzas políticas, incluido el PP, en la comunidad autónoma, excepto Vox. La solución la tiene el Estado en sus manos”, ha recalcado.

Por su parte, la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño, Ana Dávila, ha insistido en que la respuesta a la crisis migratoria “no es el reparto obligado” de menores entre los territorios. A lo que ha apostillado: “Ya trasladamos que no nos parecía bajo ningún concepto la forma de trabajar y avanzamos que nos podía parecer inconstitucional; lo estamos estudiando”.

El PP ya deslizó el domingo que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería después de que el Gobierno haya rechazado sus condiciones para la tramitación del texto en el Congreso. En la dirección de Génova critican las “imposiciones” y la falta de “diálogo” del Ejecutivo central, motivo por el que, salvo cambio de posición in extremis, se decantará por el no.

Fuentes gubernamentales responden, a su vez, que si la iniciativa propuesta conjuntamente por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria supera este martes el primer escollo en la Cámara Baja “podrá mejorarse en el tramite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos”. Además, recalcan que algunas de los requisitos exigidos por los de Feijóo como la de “no exceptuar a ningún territorio” en el reparto de menores, en alusión implícita a Cataluña, “ya se contemplan en el texto registrado”.

NUEVO REGLAMENTO
En paralelo al debate sobre la reforma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sacado a audiencia pública el borrador del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que, en síntesis, “simplifica el sistema de autorizaciones y los procedimientos, evita duplicidades, elimina burocracia y agiliza trámites”. Entre las novedades previstas, los visados tendrán una vigencia inicial de un año para permitir que las personas que lo solicitan dispongan de una mayor cobertura para acreditar su situación legal en España.

Además, quienes vengan a realizar aquí sus estudios superiores no van a tener que renovar sus permisos cada año, como hasta ahora, sino que dispondrán de una autorización que dure el mismo tiempo que su formación académica. Una vez concluida, se les facilitará también “una vía rápida o un fast-track” para poder enlazar con un permiso de trabajo.

El nuevo texto pone el acento, asimismo, en “combatir las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”. En este sentido, se introducen mejoras en la regulación de las actividades de temporada favoreciendo las contrataciones colectivas y se permitirá la regularización de aquellos inmigrantes que sean víctimas de explotación laboral.

Además, se flexibilizan los requisitos para acceder a la reagrupación familiar y será más sencillo acreditar que se tienen recursos económicos para la acogida. En cuanto a los familiares de españoles, se modificarán las condiciones de arraigo, se aprobará el estatuto de familiar de español y se contemplarán nuevas “realidades” como la de parejas que puedan “acreditar una relación afectiva análoga” al matrimonio.

“El reglamento actual tiene 13 años y si no se ha quedado obsoleto es porque ha experimentado diversas modificaciones en todos estos años liderada por el presidente Pedro Sánchez”, ha apuntado la ministra del ramo, concretamente en 2018, 2021 y 2022. No obstante, Saiz considera que la presentada este lunes es “la más ambiciosa de todas”.